CDMX 7 de julio de 2022.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 119/2022 al presidente municipal de Silao, Guanajuato, Carlos García Villaseñor, por el Recurso de Impugnación de una víctima en contra de la Recomendación emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) y su cumplimiento.
El 10 de mayo de 2021, la víctima presentó ante CNDH un Recurso de Impugnación en contra de la Recomendación emitida por la PDHEG y su cumplimiento, al acreditar violaciones al derecho humano a la integridad física y el ejercicio indebido de la función pública.
En consecuencia, la PDHEG remitió a esta institución una relatoría de los hechos y lo actuado, en los que precisó que, el 20 de febrero de 2019, inició el expediente de queja a partir de la nota periodística del Portal “El Otro Enfoque” Noticias Guanajuato, bajo el título “Golpean policías a ex director de Desarrollo Social, denuncia”.
En comparecencia, la víctima señaló que la noche del 12 de febrero de 2019 fue detenido y esposado por nueve policías de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Silao, por ingerir, aparentemente, bebidas alcohólicas en la vía pública.
Sin embargo, al remitirlo al juzgado cívico, lo golpearon y rociaron con gas pimienta, por lo que, al llegar a las instalaciones solicitó atención médica, misma que le fue negada por una juez.
El 20 de diciembre de 2019, la PDHEG acreditó violaciones al derecho humano a la integridad física y el ejercicio indebido de la función pública, por lo que emitió una recomendación al alcalde para que sancionara a nueve elementos de la policía local, así como a la juez calificadora adscrita a los separos preventivos.
El presidente municipal remitió a la PDHEG copia de la resolución del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, el cual acordó imponer amonestaciones a ocho elementos y una suspensión de tres días sin goce de sueldo al encargado de la detención.
Por lo que hace a la juez calificadora, no se acreditó ninguna responsabilidad administrativa. No obstante, al ser notificada del cumplimiento de la resolución, la víctima presentó ante la CNDH un Recurso de Impugnación por considerar que no se satisfacía la reparación del daño sufrido.
De las actuaciones de la PDHEG y del estudio lógico jurídico de la CNDH, se desprende el daño a la salud causado a la víctima por los golpes recibidos cuando ya estaba sometida, lo que violó su derecho a la integridad física.
Por lo que hace a la juez calificadora, se acreditó el ejercicio indebido de la función pública, ya que debió ordenar, de manera oportuna, la atención médica por las lesiones del detenido y aunque solicitó el servicio de la Cruz Roja, no pidió documento alguno que certificara la condición de la víctima.
Además, si bien es cierto que el Consejo de Honor y Justicia emitió una sanción administrativa, esta se hizo con base en una denuncia de tercera persona por actos cometidos por los mismos servidores públicos, el 14 de febrero de 2019.
En consecuencia, el resolutivo no consideró la declaración ni validación del afectado. En cuanto a la improcedencia de la sanción administrativa a la juez calificadora, la CNDH resalta una dilación excesiva de 10 meses para determinar la resolución y cuatro meses para notificarla a la PDHEG.
Por lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide al alcalde de Silao que colabore en el trámite ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato para que se incorpore a la víctima al Registro Estatal de Víctimas y se proceda a la inmediata reparación del daño, que incluya una compensación justa y se le otorgue la atención médica y psicológica que requiera.
Asimismo, pide que se colabore con la Unidad de Asuntos Internos y la Contraloría Municipal en la presentación y seguimiento de las denuncias administrativas que este Organismo Nacional presente en contra de los nueve policías y la juez calificadora por los actos y omisiones en que incurrieron; así como en la denuncia que esta Comisión Nacional presentará ante la Fiscalía estatal en contra de los nueve elementos de seguridad ciudadana por los hechos aparentemente delictivos señalados en esta Recomendación.
De igual forma, pide que se imparta un curso de capacitación en materia de respeto a los derechos humanos, tanto a los policías involucrados en la detención de la víctima que sigan en funciones como a la juez calificadora, enfocado a la erradicación de conductas que trasgredan el derecho a la integridad personal de los detenidos y evitar el ejercicio indebido de la función pública.
La Recomendación 119/2022 ya fue enviada a su destinatario y puede ser consultada en la página cndh.org.mx
