Ciudad de México., 11 de noviembre de 2026.
El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) acelerar las investigaciones por los presuntos actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), y reclamó que se recuperen los recursos públicos que, según sus señalamientos, habrían sido desviados.
“Que regresen lo robado”, expresó el legislador, quien acusó a la Fiscalía de no mostrar avances suficientes pese a las denuncias presentadas contra la exconsejera presidenta y otros posibles involucrados en un esquema de irregularidades relacionadas con la contratación de materiales y servicios electorales.
Moreno aseguró que el PRI ya presentó una denuncia penal ante la FGR, pero cuestionó que hasta ahora no se conozcan resultados concretos de las investigaciones. También acusó a las autoridades de actuar con lentitud y advirtió sobre un posible escenario de impunidad.
El dirigente priista pidió que las indagatorias no se limiten a Guadalupe Taddei, sino que alcancen a funcionarios, exfuncionarios y empresarios que pudieran haber participado en las presuntas irregularidades. Además, solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar contratos, recursos y movimientos financieros.
Las acusaciones se relacionan con presuntas anomalías en contratos del INE durante la administración de Taddei, particularmente con proveedores de materiales e insumos electorales. Diversas investigaciones periodísticas han señalado posibles vínculos entre funcionarios del instituto y empresarios beneficiados con adjudicaciones.
El caso también provocó una reestructuración dentro del organismo electoral. Tras la renuncia de Taddei, el INE reportó la salida de alrededor de 30 funcionarios y anunció medidas para facilitar las revisiones de la ASF y las investigaciones correspondientes.
Por su parte, el INE presentó una denuncia penal ante la FGR para que se investiguen posibles delitos relacionados con el esquema de contrataciones. Entre las conductas que podrían ser revisadas se encuentran uso ilícito de atribuciones, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho.
Las acusaciones todavía deberán ser acreditadas por las autoridades competentes. La investigación tendrá que determinar si existieron delitos, quiénes participaron y si corresponde aplicar sanciones o recuperar recursos públicos.
El escándalo representa un nuevo desafío para el INE, que deberá esclarecer las presuntas irregularidades y garantizar la transparencia de sus procesos de contratación, especialmente ante la cercanía de las elecciones federales de 2027.





