La Suprema Corte inició el análisis de las impugnaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR).
En primer lugar, el Pleno determinó que durante el proceso legislativo que dio origen a la LFAR no se cometieron violaciones trascendentes que tuvieran por consecuencia su invalidez. Además, resolvió que el Congreso de la Unión sí tiene facultades implícitas para legislar en materia austeridad.
En segundo lugar, el Pleno invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, que establecía una restricción de 10 años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público.
De acuerdo con la Corte la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional, pues impide a los ex funcionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada.
