Guanajuato., 16 de mayo del 2026. –
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció que Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui Acosta, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, no contaban con medidas de protección por parte del Estado antes de ser asesinadas en Salamanca.
La mandataria explicó que ni las víctimas ni el colectivo habían realizado solicitudes formales de resguardo; sin embargo, afirmó que el caso obliga al Gobierno estatal a reforzar la coordinación, el diálogo y los mecanismos de protección hacia las madres buscadoras.
“En el caso particular, no teníamos solicitud previa o petición de algún tipo de protección, sin embargo, esto nos obliga a redoblar esfuerzos”, declaró.
El doble homicidio ocurrió el pasado 9 de mayo en la colonia 18 de Marzo, cuando hombres armados interceptaron y dispararon contra madre e hija mientras viajaban en motocicleta.
Libia Dennise lamentó los hechos y aseguró que autoridades estatales mantienen acompañamiento con la familia de las víctimas, además de insistir en que este tipo de ataques “no pueden repetirse en Guanajuato”.
La gobernadora también señaló que actualmente el Estado realiza mapas y análisis de riesgo sobre las zonas donde operan colectivos de búsqueda, con el objetivo de detectar posibles focos de peligro y fortalecer acciones preventivas.
Patricia y Katia se integraron al colectivo tras la desaparición de Miguel Ángel Jáuregui Acosta, hijo y hermano de ambas, quien desapareció el 8 de febrero de 2024 y fue localizado sin vida semanas después en la comunidad La Ordeña.
Aunque dejaron de acudir constantemente a jornadas de búsqueda tras localizar a Miguel Ángel, ambas mantenían contacto con el colectivo y seguían vinculadas a sus actividades.
