Por Jorge Marcelino Trejo Ortiz
La justicia es ciega, no ve colores, no distingue condiciones sociales ni ideologías, y eso es lo que se espera de cualquier proceso judicial: imparcialidad absoluta en los juicios y en las sentencias. Bajo ese principio se observa el caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien está en el centro de una investigación que podría derivar en su comparecencia ante un tribunal.
El asunto no es menor. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de diez ex funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa, organización criminal que durante décadas consolidó su poder bajo el liderazgo de Joaquín «El Chapo» Guzmán y su estructura heredada.
Entre los nombres señalados aparece el senador Enrique Inzunza Cázarez, uno de los personajes cercanos al círculo político de Sinaloa, así como el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.
Ambos forman parte del grupo de ex funcionarios cuya situación jurídica ha generado expectación tanto en el ámbito político como en el judicial.
La acusación coloca en el centro del debate la cooperación judicial entre México y Estados Unidos, pero también expone las tensiones políticas que inevitablemente rodean a un caso de esta magnitud. Cuando la justicia atraviesa fronteras, los procesos dejan de ser exclusivamente jurídicos y entran en un terreno donde también pesan intereses diplomáticos.
Entre los diez señalados, dos de los ex funcionarios ya decidieron entregarse voluntariamente a las autoridades para enfrentar el proceso. La decisión apunta a una estrategia legal conocida: colaborar con la investigación y eventualmente acogerse a la figura de testigos protegidos a cambio de beneficios judiciales.
Ese movimiento abre la posibilidad de un efecto dominó que podría repetirse con otros implicados, particularmente cuando el cerco judicial se estrecha y las estrategias legales buscan atenuar responsabilidades individuales. Cada entrega voluntaria modifica el tablero jurídico y aumenta la presión sobre quienes aún no comparecen.
La presión se incrementa aún más con las medidas financieras que acompañan la investigación. La intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera mediante el bloqueo de cuentas bancarias introduce un elemento adicional que complica la defensa de los señalados y limita su margen de maniobra frente a las autoridades.
En ese contexto, el proceso deja ver cómo los expedientes judiciales pueden convertirse en piezas de una narrativa política mayor. Las acusaciones de narcovínculos siempre generan impacto mediático y social, pero también despiertan sospechas sobre los tiempos y las intenciones detrás de cada paso institucional.
La historia reciente demuestra que la lucha contra el crimen organizado ha tenido episodios donde la justicia y la política caminan en direcciones distintas. Por ello, la legitimidad del proceso dependerá de la solidez de las pruebas y no de la presión pública ni de las interpretaciones ideológicas.
Este caso también abre una expectativa inevitable: que no se trate de un expediente aislado. Si existen indicios que comprometan a otros funcionarios o actores políticos, lo congruente sería que las investigaciones continúen sin importar militancias, cargos o trayectorias públicas.
En sociedades marcadas por la polarización, cada proceso judicial corre el riesgo de ser interpretado desde trincheras partidistas. Sin embargo, el combate al crimen organizado no puede convertirse en un instrumento de confrontación política ni en una herramienta para saldar cuentas entre gobiernos.
Al final, lo que está en juego no es sólo el destino judicial de un grupo de ex funcionarios. Lo que se pone a prueba es la capacidad de las instituciones para demostrar que la justicia puede mantenerse por encima de la polarización entre derechas e izquierdas, entre intereses nacionales o disputas diplomáticas.
Si las investigaciones avanzan con transparencia y rigor, el proceso podría convertirse en un precedente importante en la relación judicial entre México y Estados Unidos.
Pero si se contamina con intereses políticos o económicos, terminará alimentando la desconfianza pública que desde hace tiempo rodea a la procuración de justicia.
La sociedad espera algo muy simple, aunque difícil de alcanzar: que los tribunales hablen con pruebas y no con discursos. Sólo así la justicia podrá demostrar que realmente es ciega y que no responde a banderas ideológicas ni a presiones de ningún poder..
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