- Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras, presentan en el Senado de la República un conjunto de iniciativas de reformas para promover, defender y garantizar el ejercicio de la labor periodística en México.
Ciudad de México.- Las propuestas están basadas en el estudio Libertad de Prensa ¿Cómo se legisla en México? presentado hoy 22 de abril, en el que se identifican las leyes que impactan de manera negativa la libertad de prensa en México.
El estudio fue realizado durante año y medio por el equipo de Propuesta Cívica, y se enfocó en identificar los problemas, vacíos, así como, las áreas de oportunidad legislativa de cuatro materias: civil, penal, laboral y de protección. El objetivo del análisis fue identificar los preceptos legales que ponen en riesgo la actividad profesional de periodistas en México y, por ende, establecer las leyes que deben ser modificadas para que realmente exista un sistema legal progresista, que promueva, respete, proteja y garantice la libertad de prensa.
El uso de los estándares internacionales fueron una herramienta importante para esta investigación, así como la utilización del Test Tripartito, desarrollado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual se utiliza para determinar si las restricciones a la libertad de prensa están previstas de manera previa, clara y precisa en una ley.
De los hallazgos que arroja esta investigación, destacamos:
En materia civil: identificamos que 29 legislaciones estatales y la legislación civil federal propician la autocensura al no garantizar la protección de discursos sobre servidores públicos, figuras públicas o asuntos de interés público, pudiendo provocar un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico.
Es extremadamente preocupante que sólo la legislación de la Ciudad de México cumpla con el Test Tripartito. También es motivo de preocupación que de la mayoría de las legislaciones no cumplan con el apartado de estricta necesidad para imponer sanciones civiles a la libertad de expresión. Así también, es alarmante que ninguna legislación del país dé prioridad al derecho de rectificación o respuesta para reparar posibles daños a los derechos de la personalidad, esto es consecuencia directa de la falta del estándar de estricta necesidad en la legislación.
En materia Laboral: El principal problema encontrado es el grave vacío legislativo de las leyes mexicanas en materia de derechos laborales de periodistas. Esto es reflejo de los problemas estructurales y sistemáticos a los que se enfrentan las personas que ejercen el periodismo en México.
Por otro lado, se encontró de manera preocupante que 5 estados cuentan con leyes que establecen como requisito contar con título o cédula profesional para ejercer el periodismo.
Es preocupante que en medio de la pandemia por el virus SARS CoV-2, no se hayan establecido las mínimas garantías laborales para proteger la salud de las personas que ejercen el periodismo, siendo México uno de los países en donde más se vio afectada la prensa por este problema de salud.
Materia Penal: a nivel estatal se encontraron 33 tipos penales problemáticos que ponen en riesgo el ejercicio del periodismo en México. Después de un análisis detallado se encontró que estas figuras delictivas no cumplen con el test tripartito. La mayoría de ellos no encuadra con el carácter de legalidad, incumplen el principio de taxatividad penal, lo que implica que su configuración es tan ambigua que podría derivar en una forma de autocensura para el periodismo. Por su parte, en el Código Penal Federal se encontraron 11 tipos penales que representan un riesgo para el ejercicio del periodismo.
Al momento de la investigación, observamos con preocupación que aún existen Códigos penales estatales que tipifican alguna de las formas conocidas de delitos contra el honor (injurias, calumnias o difamación). Estados como Nuevo León, Yucatán, Zacatecas, Campeche, Sonora y Michoacán cuentan con legislaciones penales que contempla este tipo de delitos, cuya mera existencia es una afrenta a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo.
Otros delitos preocupantes son el de ultrajes a la autoridad, ya que no se define qué se entenderá por “ultrajes” lo que al ser tan ambiguo genera un efecto inhibidor; y delitos contra la seguridad de la comunidad, también conocidos como delitos de halconeo que siguen presentes en 22 estados de la República, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha declarado su inconstitucionalidad.
Materia Protección: en términos generales se observa que la Ley de Protección, si bien tiene elementos perfectibles, siempre que exista un compromiso institucional real y efectivo de aplicar las disposiciones actuales.
Se identificó que las legislaciones estatales no cumplen realmente con los estándares mínimos nacionales e internacionales considerados por esta investigación, por lo que se concluyó que una de las barreras más importantes actualmente para proteger los derechos de las personas periodistas en México es justamente que en las jurisdicciones estatales las leyes son deficientes, cuando las hay, y que en algunos otros casos ni siquiera ha existido un compromiso real de los poderes locales de los estados pues no existe siquiera una ley estatal que busque proteger los derechos de las y los periodistas.
Lo anterior evidencia la necesidad de reestructurar el Mecanismo, para poder brindar protección efectiva a las personas periodistas en riesgo y además atender las problemáticas existentes a través de políticas públicas que no sean únicamente reactivas sino también preventivas. Es importante destacar que las violaciones a los derechos de las personas periodistas se comienzan a configurar a nivel local, por lo que esta desprotección local es de gran preocupación para Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras.
Los resultados arrojan la necesidad de pensar en una reestructura del Mecanismo, para dotar de mayor recursos y personal al sistema Federal y transformarlo a un Mecanismo Nacional que operativamente coordine los esfuerzos nacionales y locales en materia de protección.
Tanto para Propuesta Cívica, como para Reporteros Sin Fronteras, resulta fundamental que se generen las adecuaciones legislativas necesarias a fin de garantizar la libertad de prensa en nuestro país.
Hacemos un atento llamado a nuestros legisladores a retomar la presente investigación, así como, el Paquete de iniciativas, que el día de hoy presentamos conjuntamente en el Senado de la República, ellos son actores fundamentales en la mejora del contexto de riesgo y violencia del que son víctimas periodistas en México.
Ambas organizaciones especializadas en la defensa de la libertad de prensa esperamos que haya cumplimiento al artículo 1°, de nuestra Constitución Política que establece que, “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”
