Almoloya de Juárez, Méx., 12 de agosto de 2026.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada de personas, en relación con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La determinación fue emitida después de una audiencia de más de 15 horas, en la que el Ministerio Público presentó los elementos con los que busca acreditar la presunta responsabilidad del exmandatario en hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Aguirre Rivero habría ordenado ocultar, destruir o eliminar evidencias relacionadas con lo ocurrido aquella noche.
La defensa presentó 31 datos de prueba con los que buscó desacreditar la imputación. Entre sus argumentos sostuvo que el 29 de septiembre de 2014, fecha en la que presuntamente el exgobernador habría recibido material relacionado con el caso, Aguirre se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Sin embargo, el juez determinó que los elementos presentados por la defensa no eran suficientes, en esta etapa procesal, para desvirtuar los argumentos de la Fiscalía.
La FGR sostiene su acusación principalmente en los testimonios de dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero, identificadas como Blanca N y Lambertina N.
Según la investigación presentada ante el juez, Blanca N, quien se desempeñaba como visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, habría sustraído de la oficina de la entonces presidenta del tribunal un sobre que contenía un disco con imágenes captadas por cámaras instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
El material, de acuerdo con la Fiscalía, habría registrado el paso de uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas, así como la presencia de personas armadas que presuntamente escoltaban a los estudiantes y posteriormente los trasladaban a otro vehículo.
La acusación señala que el disco habría sido entregado a Aguirre Rivero el 29 de septiembre de 2014, tres días después de la desaparición de los estudiantes, y que posteriormente el entonces gobernador lo habría entregado al procurador estatal Iñaki Blanco para su destrucción.
La Fiscalía también sostiene que posteriormente se habrían realizado acciones para eliminar otras evidencias relacionadas con los acontecimientos registrados en Iguala durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
El juez otorgó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán reunir y presentar nuevos elementos.
