Washington, Estados Unidos,. 20 de noviembre del 2026
El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos intervenir en la disputa por la cancelación de aproximadamente 16 mil millones de dólares destinados a proyectos de energía limpia y reducción de emisiones contaminantes, recursos que fueron asignados durante la administración de Joe Biden.
El caso involucra al Fondo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero (Greenhouse Gas Reduction Fund), conocido como el “banco verde”, creado mediante la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 para financiar iniciativas de energía limpia y disminuir las emisiones de gases contaminantes.
Poco después de regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ordenó revisar el programa. Posteriormente, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), encabezada por Lee Zeldin, canceló las subvenciones y acusó a las organizaciones beneficiarias de posibles irregularidades, mala administración y riesgo de fraude.
Las organizaciones involucradas rechazaron la decisión y acudieron a los tribunales al considerar que la cancelación de los recursos fue ilegal y contraria a las disposiciones aprobadas por el Congreso.
En agosto de 2026, un tribunal federal de apelaciones falló a favor de las organizaciones beneficiarias y determinó que la administración Trump había terminado indebidamente las subvenciones.
El Gobierno estadounidense busca ahora que la Corte Suprema revise esa resolución. Entre sus argumentos sostiene que el conflicto corresponde a una disputa contractual que debería atender el Tribunal de Reclamaciones Federales, y no los tribunales que han intervenido hasta ahora.
La administración también argumenta que una legislación presupuestaria aprobada posteriormente por el Congreso canceló parte de los recursos que todavía no habían sido comprometidos.
Por su parte, las organizaciones sostienen que el Gobierno no puede retirar unilateralmente fondos que ya habían sido asignados conforme a la legislación vigente.
La Corte Suprema todavía no ha decidido si aceptará revisar el caso. Mientras tanto, los recursos permanecen congelados y las organizaciones no pueden disponer de ellos.
La resolución podría tener implicaciones más allá del programa climático, pues establecería criterios sobre la capacidad de un presidente para cancelar subvenciones aprobadas durante administraciones anteriores cuando no coinciden con sus prioridades políticas.
El litigio representa uno de los mayores conflictos judiciales relacionados con la cancelación de fondos federales para proyectos ambientales en Estados Unidos.





