Irapuato, Gto., 28 de mayo del 2026. –
A cuatro años del ataque armado que cobró la vida del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel de la Universidad de Guanajuato, una jueza dictó sentencia condenatoria contra dos elementos de la Guardia Nacional involucrados en los hechos ocurridos en abril de 2022 en la comunidad de Ex Hacienda El Copal, en Irapuato.
Durante la audiencia, la jueza Verónica Viridiana Sandoval Hurtado condenó a Jesús Ángel “N” a 54 años, 3 meses y 2 días de prisión por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa con alevosía y ventaja. En tanto, Iván “N” recibió una pena de 33 años de prisión por homicidio calificado en grado de tentativa.
Además de las penas privativas de libertad, ambos elementos deberán pagar una multa equivalente a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, 2 mil 405 pesos, así como ofrecer una disculpa pública a las víctimas.
La jueza señaló que para emitir la sentencia tomó en consideración que los acusados eran servidores públicos encargados de salvaguardar la vida, garantizar los derechos humanos y preservar la paz pública, responsabilidades que incumplieron el día de los hechos.
También destacó que las víctimas eran estudiantes universitarios que convivían tras concluir sus actividades académicas y que no cometían ningún delito cuando fueron atacados por los agentes federales.
Como parte de la reparación integral del daño, la madre de Ángel Yael y los sobrevivientes Edith, Arón y Laissa deberán recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada. Asimismo, se ordenó el pago de indemnizaciones por daño moral, gastos derivados de terapias, diligencias judiciales y asesoría legal durante el proceso.
La resolución judicial también establece responsabilidad solidaria de la Guardia Nacional para cubrir las indemnizaciones correspondientes, además de publicar una nota pública que reivindique la inocencia de las víctimas y elimine cualquier señalamiento en su contra.
De igual forma, la corporación federal deberá reforzar la observancia de los derechos humanos y supervisar el adecuado uso de la fuerza por parte de sus elementos.
Durante el juicio oral, peritos en balística de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) coincidieron en que la bala que privó de la vida al estudiante de Agronomía salió del arma presuntamente accionada por Jesús “N”.
Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2022, cuando un convoy conformado por unidades de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaba recorridos de vigilancia en ductos de Pemex ante reportes de robo de hidrocarburos en la zona Salamanca-León.
Según los testimonios presentados durante el juicio, los estudiantes se encontraban reunidos en la comunidad de Ex Hacienda El Copal, ubicada a unos 500 metros de uno de los puntos inspeccionados por las fuerzas federales.
Elementos de la Guardia Nacional declararon que, aunque tenían prohibido iniciar persecuciones en la zona, Jesús “N” e Iván “N” descendieron de la unidad oficial, accionaron sus armas y posteriormente se escucharon detonaciones. Un capitán identificado como Becerra relató que pidió detener los disparos luego de escuchar las detonaciones.
El caso provocó indignación social y movilizaciones estudiantiles en Guanajuato, donde familiares, alumnos y organizaciones civiles exigieron justicia para Ángel Yael y sanciones contra los responsables.
