Por Jorge Marcelino Trejo Ortiz
Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa por decisión propia, después de 112 días de licencia y en medio de investigaciones que no han concluido. Lo significativo no es solamente que haya vuelto, sino que lo hizo sin el respaldo expreso de quienes antes lo defendieron y cobijaron políticamente.
Morena y el Gobierno federal marcaron distancia y calificaron su reincorporación como una decisión personal.
Ese viernes gris tuvo, además, una coincidencia política difícil de ignorar: la presidenta Claudia Sheinbaum no estuvo en la Mañanera por enfermedad. Mientras tanto, Rosa Icela Rodríguez deslindaba al Gobierno federal; Ariadna Montiel y Citlalli Hernández hacían lo propio con Morena, y Ricardo Monreal incluso le pidió reconsiderar y solicitar nuevamente licencia. Los senadores morenistas resumieron su posición con un sorprendente: “no sabíamos”.
El mensaje es claro, en menos de tres semanas conforme a la ley de terrorismo habrá una reacción contundente contra Rocha Moya.
¿Por qué tantos deslindes precisamente ahora, cuando durante meses hubo defensa política y respeto a su presunción de inocencia? La pregunta queda en el aire. Porque una cosa es reconocer que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia y otra, muy diferente, cerrar los ojos ante acusaciones de enorme gravedad que siguen bajo investigación en México y Estados Unidos.
Rocha Moya niega los señalamientos estadounidenses y sostiene que no existen pruebas en su contra. Pero que Washington no haya entregado públicamente todas las pruebas que dice poseer, o que la investigación mexicana no haya producido una acusación definitiva, no equivale automáticamente a una exoneración. La FGR mantiene abierta la investigación, mientras el mandatario reasumió el cargo y recuperó el fuero constitucional.
Y ahí aparece nuevamente el caso de Héctor Melesio Cuén y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurridos el mismo 25 de julio de 2024. La primera versión de la Fiscalía de Sinaloa sostuvo que Cuén había sido asesinado durante un intento de robo en una gasolinera; posteriormente, la FGR encontró inconsistencias y sostuvo que el homicidio ocurrió en el mismo lugar donde habría sido privado de la libertad Zambada.
Por eso, este expediente no debería convertirse en un asunto reservado bajo el argumento genérico de seguridad nacional. Al contrario: mientras más delicadas son las acusaciones, mayor debe ser la transparencia institucional. El pueblo mexicano necesita conocer qué se investigó, qué se encontró y qué permanece pendiente. La credibilidad democrática no se construye escondiendo preguntas, sino respondiéndolas.
Desde su elección en 2021 también quedaron cuestionamientos sobre una eventual intromisión del crimen organizado en el proceso electoral. Las acusaciones estadounidenses posteriores han reavivado esas sospechas, al señalar presuntos vínculos con Los Chapitos y supuestos beneficios políticos. Rocha ha rechazado esas imputaciones. Pero la sombra permanece: si una elección hubiera sido contaminada por el crimen, la consecuencia más grave sería que de ella surgiera un gobierno sometido a intereses criminales.
Entonces, ¿por qué ahora no hubo respaldo político? ¿Quién decidió apartarse? ¿Qué información conoce el Gobierno federal que todavía no conoce la ciudadanía? ¿Y viene una acción directa de Estados Unidos? Son preguntas legítimas, no condenas anticipadas.
Rocha tiene fuero constitucional, sí, pero ningún fuero puede otorgarle el privilegio de recuperar automáticamente la confianza ciudadana.
El regreso motu proprio puede ser legal; lo que está por demostrarse es si también resulta políticamente legítimo. Porque el poder puede recuperarse con una firma, una licencia puede terminar con otra decisión y el fuero puede proteger jurídicamente a un gobernante. Pero la confianza pública no se decreta. Y ante tantas preguntas sin respuesta, queda una última: ¿el que nada debe, la pasa bien? Veremos…
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