Después de dos décadas de lucha por dignificar la marginada situación socioeconómica de los periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece que se ha convencido de la situación de precariedad en que viven la gran mayoría de los periodistas mexicanos.
Las agresiones, que van desde las amenazas, el uso discrecional de los recursos públicos para la propaganda oficial, la polarización con las complicidades de unos y la confrontración de otros, han llegado hasta lo más despreciable de los regímenes dictatoriales: la privación de la vida de muchos comunicadores y su impunidad.
Ante esta panorama, el mandatario mexicano finalmente hace suya la propuesta que impulsamos desde la creación de la Federación de Periodistas Mexicanos-Fapermex-, cuya primera directiva nacional me honré en integrar: La Ley de Bienestar de los Periodistas.
Más aún, el gobierno federal analiza crear un fondo de apoyo para pensiones y salud de los informadores, que se tomaría del millonario gasto en publicidad oficial. También habló de invitar a sumarse con este fin, a los grandes empresarios de los medios de comunicación que en poco, o casi en nada, han construido a que el periodista viva dignamente, acorde al ejercicio de esta profesión clasificada como la de más alto riesgo en nuestro país.
Hace 20 años, en la Fapermex hicimos esta propuesta, pues consideramos que el mejor blindaje para la protección de los periodistas, incluye preponderantemente la lucha para restablecer estas leyes de bienestar social en todas las entidades de la República.
En los estados de Guanajuato, Guerrero, Baja California, Chihuahua y Colima, sus congresos aprobaron la Ley de Protección a Periodistas. Sin embargo, en su articulado no se contempla nada sobre su bienestar social.
Por lo anterior, el Consejo de Periodistas de Guanajuato presentó al Congreso, el proyecto de Ley de Desarrollo Social para los Periodistas desde julio de 2017, cuya copia entregamos en sus manos al entonces candidato gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y a su Coordinación de Comunicación Social.
Al documento se le dio «carpetazo» en la Comision legislativa correspondiente y, el ejecutivo estatal, solo atiende a los empresarios de los medios de comunicación, tras la nube de la discrecionalidad presupuestaria.
Mientras los dueños de los grandes medios se llevan el 96 por ciento del presupuesto de la propaganda oficial, los periodistas de los impresos, de la radio, la televisión y cibernéticos, subsisten con raquíticos salarios y, en la mayoría de los casos, sin la seguridad social que ordena la Ley Federal del Trabajo.
Pero la tuya…la tuya es la mejor opinión.
