“El nepotismo es una forma de corrupción o favoritismo que consiste en otorgar empleos, cargos públicos o beneficios a familiares y amigos, basándose en la relación afectiva y no en el mérito o la capacidad técnica.”
(Francisco de P. Sunderland y Álvarez. “El Servicio Civil de Carrera en México” Tesis para obtener el grado de Maestría. México 1986.)
Lic. Francisco Sunderland Álvarez
Para entender el nepotismo de forma integral, hay que verlo como un fenómeno que ha evolucionado desde una estrategia de supervivencia dinástica hasta ser considerado un lastre para la administración moderna.
En México, el nepotismo ha sido un desafío histórico en la administración pública, transitando desde las estructuras de los partidos hegemónicos del siglo XX hasta la alternancia moderna.
El nepotismo en México se define como la preferencia injustificada que algunos funcionarios públicos otorgan a familiares o allegados para ocupar cargos en la administración pública, sin considerar méritos ni competencias.
Esta práctica tiene profundas implicaciones en el funcionamiento del Estado, la democracia y la confianza ciudadana, sobre todo en la confianza ciudadana, máxime con los tangibles ejemplos de ignorancia supina que prevalecen en las dos últimas administraciones públicas nacionales (del 2018 a la fecha).
Resulta, a todas luces, que la eficiencia y transparencias de las estructuras de control y fiscalización se han debilitado, las que aún subsisten ya que los órganos internos suelen estar subordinados a los gobiernos que deben ser vigilados, lo que impide que se aplique alguna sanción o que se prevengan o corrijan irregularidades.
Al observarse este vicio, se aprecia que el nepotismo fomenta la concentración del poder en las dinastías familiares, generando oligarquías locales, regionales o nacionales que bloquean la participación ciudadana competitiva.
De esta manera se forman elites políticas que buscan perpetuar privilegios, replicando patrones históricos de patrimonialismo o clientelismo político, acarreando negativas consecuencias sociales y culturales que producen, inequívocamente, desconfianza ciudadana en las instituciones, reforzando la percepción de corrupción estructural.
Además, se limita la movilidad social y el acceso equitativo a empleos públicos afectando especialmente a ciudadanos talentosos que carezcan de conexiones familiares dando pie a que se perpetúe una cultura política de amiguismo, donde los cargos se consideran un bien personal o familiar.
Uno de los diagnósticos más contundentes en la historia reciente de México, fue el estudio realizado, en 2017, por el consejero Felipe Borrego Lozano.
El antecedente: el reporte reveló que más de 500 jueces y magistrados en todo el país tenían trabajando a hijos, esposas, papás y otros parientes en tribunales y juzgados del mismo circuito.
La consecuencia: Esto creó clanes familiares donde el ascenso no dependía del examen de oposición, sino del apellido. Generó una percepción de justicia parcial y cerró las puertas a miles de abogados brillantes sin conexiones familiares.
El impacto: Fue uno de los argumentos principales utilizados para justificar la reciente Reforma Judicial en el país, ante la que me manifesté abiertamente en contra no por los motivos para su renovación, sino por las formas de designación, la prepotencia, la ignorancia, los acordeones y, reitero, la sobrada incapacidad de muchas personas que hoy son titulares.
Además, no cabe duda que al faltar la capacidad intelectual, no se reparó en llevar a cabo la modificación del Poder Judicial con mejor tino, ya que después de ver los especímenes de “capitis deminutio máxima” con que integraron los Poderes Ejecutivos (Federal y Estatales) así como con los que integraron los Poderes Legislativos (Federal y Locales) debieron ser extremadamente prudentes.
Pero no, al Tlatoani le urgía el reajuste judicial para cobrar venganza aunque México y los mexicanos se jodan. Y todas las mascotas actuaron en consecuencia.
Esta sinrazón, lamentablemente ha ocasionado una verdadera bacanal en la que las más vilipendiadas han sido La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella han emanado, esto, por parte de la mayoría de los funcionarios públicos que protestaron cumplirla y hacerlas cumplir, sin hacerlo.
Para ello, basta ver la enorme caravana que la mayoría de ellos trae tras de sí en puestos públicos integrados por parentesco (en todos los grados); amigos (amigos de los amigos); socios; conocidos útiles; cuates sacrificables, etc., etc.
La Constitución establece en sus artículos 87,109,128 y demás relativos, que se debe jurar guardar la Constitución y las Leyes que de ella emanen, ante el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, los Cabildos.
Por su parte, entre las leyes, está la General de Responsabilidades Administrativas que sanciona el nepotismo como falta grave acarreando la inhabilitación y destitución. (Art. 7, Fracc. XV).
Si esta norma se aplicara, habría necesidad de reestructurar los Poderes Legislativos, Ejecutivos y Judiciales de toda la “exRepública”.
Y, a propósito, se comenta, “recio y quedito”, que la alcaldesa de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, está cabildeando seria y fuertemente, a su hermana Valeria Alfaro García para que presida el Cabildo el próximo trienio.
Ya veremos como reaccionan las fuerzas albiazules ante los textos normativos, si con caravanas o con honesta gallardía legal.
Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo por el autor y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor. fsacomentarios@gmail.com