Ciudad de México, 16 de octubre de 2026.
La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, solicitó el respaldo de las diputadas federales para promover reformas en los congresos estatales que permitan otorgar reconocimiento constitucional a las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres, con el objetivo de fortalecer la atención a víctimas de violencia y garantizar una procuración de justicia con perspectiva de género.
La petición se realizó durante una reunión virtual con integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, en la que la funcionaria destacó la necesidad de consolidar el marco jurídico de estas instituciones y homologar sus condiciones de funcionamiento en las entidades del país.
Castillo señaló que, aunque existen fiscalías especializadas en las entidades federativas, muchas no cuentan con respaldo constitucional específico. Por ello, pidió a las legisladoras que representan a los distintos estados impulsar las iniciativas correspondientes ante sus congresos locales.
La funcionaria también subrayó la importancia de capacitar al personal ministerial para garantizar que las denuncias sean atendidas con perspectiva de género y que las mujeres víctimas de violencia reciban una atención adecuada.
La propuesta busca fortalecer las instituciones encargadas de investigar delitos contra las mujeres y contribuir a que los procesos de procuración de justicia respondan a las necesidades de las víctimas.
Durante el encuentro, la secretaria presentó el proyecto presupuestal para 2027 de la dependencia a su cargo. Entre las cifras expuestas, mencionó una asignación propuesta de 2 mil 269 millones de pesos para la Secretaría de las Mujeres, aproximadamente 6 por ciento más en términos nominales respecto a 2026.
También se revisaron los recursos previstos para programas de igualdad entre mujeres y hombres, así como para el fortalecimiento de las políticas de cuidados y la atención a mujeres en situación de violencia.
La propuesta de elevar el reconocimiento de las fiscalías especializadas a rango constitucional deberá traducirse en iniciativas y procesos legislativos para determinar su alcance y aplicación en cada entidad federativa.
