Por Felipe Canchola González
Los fiscales están saturados con una sorprendente cantidad de peticiones de justicia penal. Ellos pertenecen Poder Ejecutivo, no al Judicial. Ahí, las carpetas de investigación se convierten en el primer filtro. Discrecionalmente, cada fiscal selecciona los casos con diversos criterios y prioridades. Unas veces lo hace por la gravedad del asunto, y otras, por presión de los medios de comunicación.
Expedientes completos van quedando en el fondo de sus archivos por falta de tiempo y de personal. Se convirtieron, de entrada, en la antesala de la impunidad. El fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, o su relevo, debe revisar sus recursos humanos y presupuestales, para evitar los clásicos “carpetazos”. Lo propio debe hacer el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Héctor Tinajero Muñoz, con sus jueces.
