José Luis Camacho Acevedo.
Cuando el padre de Emilio Lozoya Austin, Emilio Lozoya Thalman, negoció que su hijo se entregará acogido al famoso criterio de oportunidad que le recomendó en España el despacho de abogados que encabeza nada menos que el juez Baltazar Garzón, en México el que primero sintió que le estaban creando ya su consignación fue el ex poderoso Luis Videgaray Caso.
Pero pasaron los meses y Lozoya Austin no denunciaba a ningún personaje relevante del peñismo involucrado en asuntos tan escabrosos como la venta de Agronitrogenados. Sin duda que el esperado pez gordo que denunciaría Lozoya sería Luis Videgaray.
Lozoya empezó a caer en excesos de confianza hasta que la periodista Lourdes Mendoza lo descubrió cenando en uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México.
Al igual que la afrenta que representó para el presidente López Obrador y su filosofía de austeridad la pomposa boda de la hija de Juan Collado en un exclusivo rancho propiedad de la familia Peralta en el Estado de México, resultó lo mismo para la 4T el exceso de Emilio Lozoya de exhibirse en el mencionado restaurante de súper lujo.
Hoy Juan Collado y varios de sus distinguidos invitados a la boda de marras, están presos.
Y también lo está Emilio Lozoya.
De manera por demás sorpresiva el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, se destapó en la mañanera de ayer denunciando una serie de operaciones financieras irregulares y de montos considerables, realizadas por familiares del ex presidente Enrique Peña Nieto en favor del ex mandatario ahora radicado en España.
La mecánica de las mencionadas transacciones ya se ha documentado de manera prolija.
La pregunta interesante es ¿qué pretende AMLO con el calambre que le manda a Peña Nieto?
Es obvio que el político de Atlacomulco tiene a buen resguardo una serie de videos en los que puede exhibir a prominentes integrantes de la 4T y de esa manera demostrar que en el mundo de la política nadie está libre de pecado.
Enrique Peña Nieto debe tener videos y documentos más comprometedores para la 4T que los que pudieran tener los ex socios Luis Videgaray y Emilio Lozoya Austin.
Pero ya puesto en el escenario del escándalo Peña Nieto, al presidente López Obrador le quedan solamente dos alternativas para que las declaraciones de Pablo Gómez no queden en una simple llamarada de petate.
Primero llegar a fondo en el caso Lozoya.
Y segundo, si va a irse contra Peña, lo debe hacer con todo el rigor de la ley y con el debido proceso para que la sociedad no se sienta nuevamente burlada con fintas políticas como las que ya muy frecuentemente son la recurrencia de López Obrador para distraer al respetable.
De otra suerte la denuncia contra Peña Nieto tendrá un fuerte aroma político, al descalificar al PRI mexiquense para que llegue débil y cuestionado a la elección para gobernador que habrá de celebrarse el próximo año.
Por allí anda la cuestión.
EN TIEMPO REAL
1.- México ha registrado en lo que va del año 5 mil 452 reportes por el esquema de extorsión y fraude conocido como “montadeudas”, un aumento de 454% al comparar el promedio mensual recibido durante 2022 contra 2021, aseguró Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo de Seguridad Pública de la CDMX.
El organismo informó que las primeras solicitudes de orientación jurídica por este delito se presentaron en junio del 2021 y durante todo el segundo semestre del año pasado se acumularon mil 928.
“Este esquema delictivo, que hoy expuso el Presidente López Obrador, se puede prevenir, atender y combatir; tenemos una lista de las aplicaciones fraudulentas disponible para consulta de la ciudadanía.
La estafa parte de la oferta de un préstamo fácil e inmediato, prácticamente sin requisitos, a través de aplicaciones para dispositivos móviles; los intereses incrementan sin previo aviso hasta volverse impagables y ahí empiezan las amenazas para extorsionar al deudor”, comentó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo.
Los reportes provienen en un 55 por ciento de los casos de la Ciudad de México y el resto de otras entidades, principalmente del Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Puebla, aunque los hay de todo el país.
2.- En Sonora, ante la presión de los medios de comunicación que calificaron la intentona del gobernador Alfonso Durazo de aplicar sanciones hasta de 10 años de cárcel a los periodistas que divulgaran fotos o videos de acciones del crimen organizado o de los muertos que dejan los frecuentes enfrentamientos que ocurren a lo largo de toda la entidad, el gobierno dio marcha atrás y ahora publicará en la llamada Ley Ingrid, un narrativa en la que ese ordenamiento sea solamente para los funcionarios públicos que filtren fotos o videos de la violencia en Sonora. ¡Qué cosas!
3.- Pegarle al pobre de Alito la verdad ya parece una acción llena de sevicia. Ahora se dice que la manera en que el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, se hizo de propiedades e inmuebles podría haber sido fruto de una presunta triangulación de dinero en la que habrían participado algunos de sus familiares y amigos, con el fin de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales. En esta red estarían involucrados su hermano, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, así como su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, según una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).Tanto su madre como su hermano, junto a Alito y su arquitecto, Juan José Salazar Ferrer, son propietarios de 35 casas y terrenos en Campeche, según expedientes del Registro Público de la Propiedad (RPPyC) y del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral (Infocam) de la entidad. Alito habría conformado esta red con el fin de adquirir propiedades a precios bajos para posteriormente “donarlos” a sus contactos cercanos y así revenderlos a precios mucho más elevados.
