Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido durante los primeros minutos de este viernes, en protesta contra el nuevo esquema de evaluación del desempeño establecido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), al considerar que podría poner en riesgo su estabilidad laboral.
La suspensión de actividades comenzó en distintas sedes del país, entre ellas el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, en la Ciudad de México. Los inconformes colocaron cadenas en los accesos de algunos edificios y anunciaron que mantendrán la protesta hasta que el organismo administrativo revise y deje sin efectos el acuerdo que regula las evaluaciones.
Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral y una de las representantes de los trabajadores inconformes, señaló que no se oponen a ser evaluados, sino a que los resultados puedan utilizarse para afectar sus puestos y antigüedad. Los empleados solicitan que las pruebas tengan como finalidad fortalecer la capacitación profesional.
De acuerdo con los reportes de este viernes, las movilizaciones alcanzaron juzgados y tribunales de más de 16 entidades, entre ellas Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco.
La participación y el alcance de la suspensión varían entre las sedes. En algunos lugares las actividades se interrumpieron desde la medianoche, mientras que en otros se convocaron manifestaciones durante la mañana.
La inconformidad surgió después de que el Órgano de Administración Judicial publicara en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de noviembre, el acuerdo que regula el proceso de evaluación del personal de carrera judicial.
Los trabajadores cuestionan los criterios de calificación y la participación de sus superiores en la valoración del desempeño. También expresan preocupación por las consecuencias que podrían tener los resultados negativos en su permanencia dentro de la institución.
Por su parte, el OAJ informó que la primera evaluación, programada para diciembre de 2026, tendrá carácter diagnóstico y no implicará aprobación, reprobación ni pérdida de plazas. Según el organismo, esta etapa servirá para identificar necesidades de capacitación y fortalecer el desempeño del personal.
La autoridad también reconoció el derecho de los trabajadores a manifestarse y manifestó su disposición al diálogo.
Los trabajadores señalaron que buscan la revisión del acuerdo y la elaboración de nuevas disposiciones que garanticen que las evaluaciones estén orientadas a la capacitación y no a la separación del empleo.
Mientras continúan las movilizaciones, la suspensión de actividades podría afectar la atención y los trámites en las sedes federales que se sumen al paro. Los servicios y asuntos urgentes dependerán de las medidas que adopte cada órgano jurisdiccional.
