Irapuato, Gto., 5 de noviembre del 2026
El empresario José Alfredo Hernández Casillas, contratista del Instituto Nacional Electoral (INE) y relacionado públicamente con Guadalupe Taddei, promovió un juicio de amparo en febrero de 2026 para conocer si existía alguna orden de aprehensión o comparecencia en su contra.
De acuerdo con lo expuesto en la demanda, el 21 de enero presuntos agentes de la Policía Ministerial acudieron a su domicilio, ubicado en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, y preguntaron por él. Según la versión del empresario, los elementos aseguraron contar con una orden de aprehensión y otra de comparecencia, pero se retiraron sin entregar documentación.
Ante esta situación, Hernández Casillas presentó el recurso el 9 de febrero, a través del despacho Hernández Barros, con el propósito de que las autoridades judiciales verificaran la existencia de investigaciones o mandamientos en su contra. En su escrito negó haber cometido algún delito y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades.
El 28 de abril, una jueza federal determinó que no se acreditó la existencia del acto reclamado, es decir, la orden de aprehensión o comparecencia que el empresario buscaba combatir. La resolución quedó firme el 22 de mayo y el expediente fue archivado el 3 de julio.
José Alfredo Hernández Casillas es apoderado de Cajas Graf y ha sido relacionado con empresas como Corporativo Zeg, que han obtenido contratos del INE y de organismos electorales locales.
Su cercanía con Guadalupe Taddei generó cuestionamientos públicos luego de la difusión de videos, fotografías y reportajes sobre sus relaciones personales y empresariales. Estos señalamientos también han puesto bajo escrutinio los procedimientos de contratación realizados durante la gestión de Taddei al frente del organismo electoral.
No obstante, la resolución judicial únicamente establece que no se acreditó la existencia de la orden de aprehensión o comparecencia señalada en ese procedimiento. Esto no implica que se hayan descartado otras posibles investigaciones ni representa una resolución sobre los cuestionamientos relacionados con los contratos de las empresas vinculadas al empresario.
