Madrid, España, 16 de octubre de 2026.
La Fiscalía española modificó su postura y respaldó que la Audiencia Nacional pueda investigar una querella contra el cantante Julio Iglesias, presentada por dos exempleadas que lo acusan de presuntas agresiones sexuales, malos tratos y abusos laborales. Sin embargo, la decisión de abrir formalmente la investigación corresponde ahora a un juez.
El informe del Ministerio Público considera que los tribunales españoles tienen competencia para examinar los hechos denunciados, que presuntamente ocurrieron en 2021 en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.
Las denunciantes, una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta, sostienen que sufrieron presuntas agresiones sexuales, intimidaciones y condiciones laborales abusivas durante el tiempo que trabajaron para el cantante.
La querella también contempla posibles delitos relacionados con la trata de personas con fines de explotación laboral, lesiones y vulneraciones de los derechos de las trabajadoras. Estas acusaciones deberán ser examinadas por las autoridades judiciales y no constituyen, por sí mismas, hechos probados.
En enero de 2026, el Ministerio Público archivó una primera denuncia al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar los hechos, ocurridos presuntamente fuera del país.
Posteriormente, las exempleadas presentaron una nueva querella en septiembre. Tras revisar el asunto, la Fiscalía cambió su criterio y remitió un informe favorable a la competencia de la Audiencia Nacional. Las fuentes fiscales citadas por medios españoles no detallaron las razones del cambio.
El cantante ha rechazado públicamente los señalamientos y ha negado haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a alguna mujer. Su postura deberá considerarse dentro del proceso y bajo el principio de presunción de inocencia.
Por ahora, el caso se encuentra a la espera de la decisión judicial sobre la apertura de una investigación formal, que determinará si las acusaciones pueden ser examinadas en un procedimiento penal en España.
