Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.
La Fiscalía General de la República (FGR) todavía no ha iniciado una carpeta de investigación por las presuntas irregularidades en contratos millonarios del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que las revisiones administrativas y financieras continúan en manos de las instancias fiscalizadoras, reconoció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El caso involucra posibles anomalías en la contratación de materiales electorales, así como a empresas proveedoras que habrían concentrado contratos por cantidades millonarias. Las revisiones también contemplan operaciones relacionadas con organismos electorales estatales.
Durante su conferencia matutina del pasado 5 de noviembre, la mandataria explicó que, al tratarse de un organismo autónomo, la fiscalización del INE corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia que deberá determinar si existen elementos suficientes para presentar denuncias penales.
Sheinbaum señaló que primero deben identificarse las posibles irregularidades y establecerse las responsabilidades correspondientes. En caso de encontrar indicios de carácter penal, la ASF tendrá que presentar las denuncias ante la FGR para que pueda intervenir.
Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mantiene revisiones relacionadas con posibles empresas factureras y operaciones financieras presuntamente irregulares.
Como parte de estas acciones, durante la misma conferencia se informó que la UIF había inmovilizado cuentas bancarias a solicitud de la ASF. Sin embargo, las autoridades indicaron que todavía no se tenía determinado el número de cuentas involucradas.
En la presentación también participó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien expuso información sobre compañías que habrían recibido contratos para suministrar materiales electorales durante distintos periodos.
La funcionaria detalló que se revisan posibles contrataciones de estas empresas en dependencias federales y aseguró que, hasta ese momento, no se habían identificado contratos de esa naturaleza en la administración pública federal.
Ante este panorama, Sheinbaum reiteró que las investigaciones deben desarrollarse conforme a los procedimientos legales y que cualquier responsabilidad tendrá que acreditarse mediante las autoridades competentes.
Por ahora, el caso permanece en una etapa de revisión administrativa y financiera. La posible intervención de la FGR dependerá de los resultados de las auditorías y de que se presenten denuncias con elementos suficientes para iniciar una investigación penal.
