Ciudad de México., 18 de julio del 2026. –
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) prepara el traslado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otras siete personas al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, Altiplano, mientras continúa el proceso judicial en su contra por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible.
Los ocho detenidos enfrentan imputaciones por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, acusaciones derivadas de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una supuesta operación de importación ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México. De acuerdo con la dependencia, las actividades investigadas habrían generado un daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025.
La audiencia inicial comenzó este viernes alrededor de las 13:00 horas y se desarrolla mediante videoconferencia. Durante la diligencia, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba para sustentar la imputación contra los detenidos, quienes forman parte de un grupo de ocho personas capturadas, de un total de 25 órdenes de aprehensión emitidas por un juez federal.
El proceso ha registrado varios recesos. El primero se extendió de las 14:00 a las 20:00 horas del viernes para que las defensas revisaran el expediente. Posteriormente, la audiencia volvió a suspenderse durante la madrugada de este sábado y fue reanudada a las 9:00 horas.
Mientras tanto, en las instalaciones de la Femdo permanecen desplegados elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), quienes estarían listos para realizar el traslado de los imputados al penal federal de máxima seguridad una vez que la autoridad judicial lo determine.
La audiencia es encabezada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega desde el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Los detenidos comparecen desde las instalaciones de la Femdo, mientras que sus equipos de defensa participan de forma remota.
Según las investigaciones de la FGR, la organización utilizaba más de un centenar de carros tanque ferroviarios para ingresar combustible procedente de Texas. Las indagatorias señalan que cada vagón era declarado con una carga de 10 mil litros, aunque en realidad transportaba hasta 110 mil litros, lo que habría permitido introducir el hidrocarburo sin cumplir con las disposiciones de importación ni cubrir los impuestos correspondientes.
La fiscal Ernestina Godoy Ramos informó previamente que las investigaciones permitieron reconstruir la presunta red de traslado del combustible, desde instalaciones petroleras en Texas hasta la aduana de Matamoros, Tamaulipas, para posteriormente distribuirlo a distintos estados del país.
Asimismo, la FGR sostiene que la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo Appel sería accionista mayoritario, estaría vinculada con estas operaciones. De acuerdo con la institución, las actividades atribuidas a la organización provocaron un presunto quebranto de aproximadamente 4 mil millones de pesos por concepto de contribuciones fiscales no cubiertas.
Hasta el momento, la situación jurídica de los imputados continúa en proceso de definición por parte de la autoridad judicial.
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