Andrés Ortiz
Ciudad de México., 29 de Julio del 2026. –
Una presunta vulneración al Sistema Integral de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República habría dejado expuesta una base de datos con más de 400 mil registros de personas que presentaron denuncias, quejas y solicitudes de apoyo ante el Gobierno federal.
La denuncia fue realizada por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien aseguró que un ciberdelincuente obtuvo acceso a la información almacenada en la plataforma, lo que, de confirmarse, representaría una de las mayores filtraciones de datos sensibles durante la actual administración.
De acuerdo con la información difundida, la base de datos contendría nombres completos, domicilios, códigos postales, números telefónicos, correos electrónicos, números de folio, historial de seguimiento de los trámites, el contenido íntegro de las denuncias y datos de los funcionarios encargados de atender cada caso.
El periodista advirtió que esta información podría convertirse en un “mapa de inteligencia” para grupos criminales, extorsionadores o defraudadores, al permitir identificar tanto a denunciantes como a víctimas y servidores públicos.
Entre los expedientes presuntamente comprometidos habría denuncias relacionadas con homicidios, narcotráfico, corrupción, abuso sexual en escuelas, secuestros, desapariciones, Alertas Amber y diversas solicitudes de apoyo dirigidas a dependencias federales.
Según la denuncia, los registros abarcarían al menos hasta febrero de 2026, aunque existirían indicios de que la información incluye datos de meses posteriores, debido a referencias de funcionarios que permanecían en funciones durante este año.
Uno de los aspectos que más preocupa es que muchas personas utilizan este sistema para denunciar delitos sin acudir directamente al Ministerio Público, confiando en que sus datos personales permanecerán protegidos. Una eventual filtración podría poner en riesgo su privacidad e incluso su integridad física.
Hasta el momento, la Presidencia de la República no había informado oficialmente si inició una investigación para confirmar o descartar la autenticidad de la presunta filtración, ni sobre posibles medidas para proteger a las personas cuyos datos habrían quedado expuestos.
De confirmarse el incidente, el caso volvería a poner bajo escrutinio las políticas de ciberseguridad del Gobierno federal y la protección de información personal contenida en plataformas oficiales.
