Andrés Ortiz
Irapuato, Gto., 5 de agosto de 2026.–
Integrantes de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) se manifestaron este miércoles afuera de la Fiscalía Regional en Irapuato para denunciar presuntas irregularidades en los cateos realizados la semana pasada en centros de rehabilitación ubicados en Abasolo y Pénjamo.
El dirigente de la organización, Nicolás Pérez Ponce, aseguró que los operativos no se apegaron al debido proceso, pues, afirmó, detectaron inconsistencias en las órdenes de cateo presentadas por las autoridades.
Explicó que uno de los inmuebles intervenidos no coincidía con el domicilio señalado en la orden judicial y, además, el documento utilizado durante el operativo, dijo, no corresponde a un formato oficial.
“Nos percatamos de que había muchas irregularidades. El número del centro de rehabilitación no coincidía con la orden de cateo y el documento que traían no es un documento oficial. No entendemos por qué están actuando de esta manera”, señaló.
Pérez Ponce aclaró que los centros afiliados a CRUB no se oponen a las inspecciones o investigaciones por parte de las autoridades, siempre que se realicen dentro del marco legal.
“No estamos en contra de las revisiones. Al contrario, somos los primeros que queremos que esta labor se dignifique, pero pedimos que las revisiones se hagan conforme a la ley y no de manera arbitraria”, expresó.
El representante indicó que durante los cateos las autoridades argumentaron que investigaban presuntos delitos como venta de personas y distribución de narcóticos; sin embargo, aseguró que no encontraron evidencia de esas conductas y posteriormente comenzaron a señalar posibles casos de privación ilegal de la libertad.
Asimismo, consideró que las recientes reformas federales relacionadas con los internamientos han reducido la capacidad de decisión de las familias y generado mayor vulnerabilidad para los centros de rehabilitación.
Finalmente, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que continúe realizando operativos de supervisión, pero respetando los procedimientos legales y evitando afectar a establecimientos que sí trabajan en la atención de personas con adicciones.
“Sí debe haber revisiones, porque sabemos que ha habido espacios utilizados para otros fines, pero que sean revisiones precisas y conforme a la ley”, concluyó.
