Washington, Estados Unidos, 12 de octubre de 2026.
Agentes federales de Estados Unidos registraron este lunes el domicilio de la representante demócrata Ilhan Omar, ubicado en el área de Washington D. C., como parte de una investigación penal en curso, informó la agencia Associated Press (AP).
El Departamento de Justicia confirmó que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) ejecutaron una orden de registro autorizada judicialmente. Sin embargo, las autoridades no revelaron detalles sobre el alcance de la investigación ni precisaron oficialmente cuál es el objeto de las diligencias.
De acuerdo con fuentes consultadas por AP, los agentes realizaron el operativo durante la mañana del lunes. Las personas familiarizadas con el caso solicitaron mantener el anonimato debido a que no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre una investigación activa.
Medios estadounidenses señalaron que las indagatorias podrían estar relacionadas con documentación migratoria de Omar y antecedentes de inmigración de su familia. No obstante, las autoridades no han confirmado públicamente ese vínculo como motivo oficial del registro.
La congresista, nacida en Somalia y representante del quinto distrito de Minnesota, ha sido objeto de críticas de Donald Trump y de otros dirigentes republicanos por su historia migratoria. Omar ha rechazado anteriormente las acusaciones de fraude migratorio.
Hasta el momento, el registro de su domicilio no constituye por sí mismo una declaración de culpabilidad ni demuestra que haya cometido un delito. El Departamento de Justicia únicamente confirmó que se trata de una investigación federal en curso.
El registro ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre, en las que Omar busca la reelección.
La cercanía de los comicios ha generado cuestionamientos sobre el momento de la operación, debido a las prácticas del Departamento de Justicia destinadas a evitar actuaciones públicas que puedan influir en procesos electorales. Sin embargo, esas directrices no constituyen una prohibición legal absoluta y todavía no se han divulgado todos los detalles que permitan evaluar las circunstancias del caso.
