Ciudad de México, 13 de octubre de 2026.
Diez estados de México presentan una alta exposición económica ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño, debido a la dependencia de actividades como la agricultura, el turismo, la industria alimentaria y la manufactura, de acuerdo con un análisis de S&P Global Ratings divulgado el lunes.
La calificadora advierte que las alteraciones en las lluvias y las temperaturas podrían reducir la producción, afectar el empleo y aumentar los gastos de los gobiernos estatales para atender emergencias y reparar infraestructura.
Según el análisis, las entidades que presentan una alta exposición económica son:
- Baja California Sur.
- Durango.
- Jalisco.
- Morelos.
- Nayarit.
- Quintana Roo.
- Sinaloa.
- Tlaxcala.
- Veracruz.
- Yucatán.
La clasificación considera la proporción de la economía estatal vinculada con actividades sensibles a las variaciones climáticas. S&P identifica como de alta exposición a las entidades donde más del 34% de su Producto Interno Bruto (PIB) procede de sectores vulnerables a estos cambios.
Los efectos potenciales no serían iguales en todo el país. En regiones del norte y centro, la disminución de las lluvias y la escasez de agua podrían perjudicar las actividades agropecuarias y elevar los costos de producción.
En estados costeros y del sureste, las precipitaciones intensas, las inundaciones, los deslaves y los ciclones tropicales podrían provocar daños en viviendas, caminos, infraestructura y negocios, además de afectar las actividades turísticas.
La agricultura y la industria alimentaria también podrían resentir cambios en la disponibilidad de agua, con consecuencias para la producción y el empleo.
Aunque Guanajuato no aparece entre las 10 entidades clasificadas con alta exposición económica, la calificadora advierte que la escasez de agua puede representar un riesgo para regiones cuya actividad depende de la manufactura, incluida la industria automotriz.
Por ello, la clasificación de menor exposición económica no significa que el estado esté libre de afectaciones. La disponibilidad de agua continúa siendo un factor importante para la actividad industrial, agropecuaria y el funcionamiento de las comunidades.
S&P señala que un evento climático severo puede aumentar el gasto público destinado a atender emergencias, restablecer servicios, reconstruir infraestructura y fortalecer la seguridad hídrica.
Al mismo tiempo, una reducción de la actividad económica podría disminuir los ingresos de los gobiernos, complicando la atención de necesidades extraordinarias.
La calificadora considera que la capacidad de respuesta dependerá de la situación financiera de cada entidad, sus mecanismos de prevención y el apoyo que reciba del Gobierno federal.
El análisis identifica vulnerabilidades económicas, pero no establece que los 10 estados sufrirán necesariamente pérdidas ni cuantifica daños específicos para cada entidad.
La intensidad y distribución de los efectos dependerán de la evolución del fenómeno, las condiciones meteorológicas regionales y las medidas de prevención y adaptación que se implementen.
