Salamanca.- La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos abrió un expediente con base en visitas y entrevistas, para esclarecer si fueron vulnerados los derechos humanos del hombre que fue ultimado a balazos por la policía municipal en la comunidad de San José de Mendoza.
El pasado martes 23 de septiembre, la Fiscalía General del Estado acudió a la comunidad donde comprobó la existencia del cuerpo de un hombre identificado como Raúl N.
El occiso presuntamente murió luego de ser agredido a balazos por elementos de la policía municipal. Testigos indicaron que en el momento de los hechos se encontraba en la azotea de la vivienda de su familia y que se escucharon al menos ocho detonaciones de arma de fuego.
El municipio guardó hermetismo sobre lo sucedido y fue hasta el día siguiente, tras la conclusión del informe de gobierno del alcalde César Prieto, cuando el director de seguridad pública habló del tema y justificó el actuar de los policías a su mando.
Juan Pablo Ramírez Talavera explicó que la acción de disparar contra el hombre fue tomada porque el occiso traía un arma cortante (machete) con la cual “ponía en riesgo” a su familia y a los agentes.
Además, en lo que podría considerarse un acto de estigmatización, el funcionario dijo que en fechas anteriores el mismo hombre habría sido violento con su familia, aunque no precisó si existían sentencias o investigaciones por violencia doméstica.
La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos abrió de manera oficiosa un expediente para verificar si hubo violación a los derechos del occiso o de su familia. En paralelo, será un juez quien determine, con base en lo investigado por la fiscalía, si el homicidio es justificado o no, deslindando responsabilidades.
Durante el día y parte de la noche del homicidio, fue notorio el elevado número de elementos del Ejército y policías recorriendo la comunidad rural, en un despliegue de fuerza visible para familiares, amigos y vecinos del fallecido.
