León, Guanajuato, 19 de octubre de 2026.
Una nueva sentencia de 238 años de prisión fue impuesta a Edgar Francisco “N”, abogado y director del despacho jurídico Punto Legal, en León, luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) acreditara su responsabilidad en un esquema de fraude relacionado con la supuesta venta de inmuebles en remate bancario.
Durante el juicio, un agente del Ministerio Público demostró que el ahora sentenciado ofrecía propiedades ubicadas en distintos puntos de la ciudad a precios atractivos, bajo el argumento de que se encontraban en remate bancario.
Sin embargo, las pruebas presentadas ante los Tribunales de Oralidad Penal permitieron establecer que los inmuebles no estaban sujetos a litigio y que el acusado carecía de facultades legales para concretar su venta, lo que ocasionó afectaciones al patrimonio de las personas perjudicadas.
Por los hechos relacionados con las 28 víctimas que participaron en este juicio, se impuso una pena de 238 años de prisión y una multa de 248 mil 349.60 pesos. Además, se determinó la suspensión de su cédula profesional por el mismo periodo de la condena y el pago de 9 millones 719 mil 900 pesos por concepto de reparación del daño.
La sentencia también contempla el resarcimiento del daño moral y el pago de los perjuicios ocasionados por afectaciones a la salud física y psicológica de las víctimas.
Aunque la pena impuesta asciende a 238 años, el órgano jurisdiccional precisó que, conforme al Código Penal del Estado de Guanajuato, el sentenciado compurgaría un máximo de 40 años de prisión por esta condena.
Esta nueva resolución se suma a una sentencia previa de mil 18 años de prisión impuesta al mismo acusado por hechos relacionados con el despacho Punto Legal.
De acuerdo con la FGEG, hasta el momento se ha impartido justicia a 135 víctimas de este despacho, mientras que otras 100 personas permanecen a la espera de los juicios correspondientes contra Edgar Francisco “N”.
La Fiscalía señaló que, además de las condenas, mantiene acciones para conseguir la reparación integral del daño en favor de las personas afectadas.
