Ciudad de México, 12 de octubre de 2026 (EFE)
Después de ocho años de incrementos extraordinarios al salario mínimo en México, el sector empresarial busca poner una pausa a esta política en 2027 y limitar las nuevas subidas a la inflación, ante la preocupación por los costos laborales, el cierre de empresas y la desaceleración del empleo formal.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) plantea eliminar el llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR), el mecanismo que desde 2019 ha permitido aplicar aumentos de dos dígitos al salario mínimo por encima de la inflación, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas. «Ya es nada más un ajuste por inflación», sostuvo José Medina Mora, presidente del CCE, quien consideró que los incrementos extraordinarios ya cumplieron su propósito inicial. «Una vez que se ha logrado el objetivo, ya no tendría MIR«, añadió.
Medina Mora explicó que el objetivo de que el salario mínimo permitiera adquirir dos canastas básicas ya se alcanzó, por lo que, a partir de ahora, correspondería preservar el poder adquisitivo de los trabajadores sin imponer nuevas presiones sobre las empresas y los empleos formales, en un país donde la informalidad laboral supera el 50%. La propuesta se suma a otras preocupaciones del sector respecto a costos laborales, como el incremento en los días de vacaciones con goce de sueldo y la reducción gradual de las horas laborales, cambios legales aprobados recientemente.
La estrategia de incrementos extraordinarios, vigente desde 2019, permitió que el salario mínimo general pasara de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026, un aumento nominal superior al 250%, aunque la recuperación real es menor una vez descontada la inflación acumulada en ese periodo.
El aumento definitivo del salario mínimo para 2027 deberá negociarse en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), instancia tripartita en la que participan representantes del gobierno, los trabajadores y el sector empresarial. La postura presentada por el CCE refleja únicamente la visión de la parte patronal y no constituye una decisión oficial, por lo que no implica que el gobierno federal haya renunciado a continuar elevando los ingresos de los trabajadores mexicanos.
