Nueva York, Estados Unidos, 12 de octubre de 2026.
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó suspender temporalmente los anuncios televisivos que promueven al presidente Donald Trump y que fueron financiados con recursos públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La resolución busca impedir que continúe la difusión de los spots mientras avanza una demanda que cuestiona el uso de dinero de los contribuyentes.
La jueza federal Jennifer L. Rochon, con sede en Nueva York, concedió una orden de restricción temporal por dos semanas, luego de una solicitud presentada por una coalición de organizaciones, entre ellas Common Cause. La medida prohíbe celebrar, renovar o ampliar acuerdos para producir y transmitir los anuncios impugnados durante ese periodo.
De acuerdo con reportes citados por CBS News y Associated Press, el gasto destinado a cinco anuncios superó los 20 millones de dólares. Los recursos fueron asignados a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dependiente del DHS, para una campaña de medios nacionales.
Los spots incluyen imágenes de Trump y mensajes sobre su agenda política, seguridad nacional y acciones de su administración. Algunos incorporan frases utilizadas anteriormente en su campaña electoral y llevan la leyenda de que fueron pagados por el Gobierno de Estados Unidos.
Las organizaciones demandantes sostienen que los anuncios podrían contravenir las restricciones federales sobre el uso de fondos públicos para propaganda política. Por ello, solicitaron que se impidiera su transmisión y que la administración no pudiera reanudar la campaña mediante nuevos acuerdos.
La Casa Blanca ha defendido los materiales al describirlos como anuncios de servicio público destinados a comunicar mensajes gubernamentales. Sin embargo, legisladores de ambos partidos han cuestionado que se utilice dinero de los contribuyentes para financiar publicidad centrada en el presidente.
Ante las críticas, Trump manifestó que la publicidad se cubriría con recursos políticos propios. No obstante, la Casa Blanca indicó que no había planes inmediatos para reembolsar al Gobierno el dinero que ya se había gastado.
La orden judicial es temporal y no representa una resolución definitiva sobre la legalidad de la campaña. El caso continuará en los tribunales, donde se analizarán los argumentos de las partes y el uso de los fondos federales.
