Washington, Estados Unidos.— 9 de octubre de 2026.
El Gobierno del presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de ese tribunal, fuera anunciada como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026.
La medida representa una nueva escalada en las tensiones entre Washington y el organismo judicial con sede en La Haya, encargado de investigar y juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que las sanciones buscan impedir que la CPI utilice recursos y servicios estadounidenses para llevar adelante actuaciones que Washington considera contrarias a sus intereses.
Las medidas contemplan restricciones sobre transacciones financieras y servicios de empresas estadounidenses, incluidos proveedores tecnológicos. También establecen un periodo inicial de seis meses para que determinadas personas y compañías concluyan sus operaciones con el tribunal, con algunas excepciones autorizadas.
La administración Trump sostiene que la Corte Penal Internacional no debe ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses y cuestiona sus investigaciones relacionadas con Estados Unidos e Israel.
La Corte Penal Internacional condenó la decisión y la calificó como un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos del orden jurídico internacional. El organismo pidió a sus 125 Estados miembros que respalden su funcionamiento y protejan su independencia.
Nazhat Shameem Khan, fiscal adjunta de la CPI, afirmó que las sanciones no detendrán el trabajo del tribunal y que las investigaciones y los procesos continuarán.
La decisión también generó preocupación entre aliados europeos de Estados Unidos, debido a sus posibles efectos sobre las instituciones y empresas que prestan servicios a la Corte.
El anuncio de las sanciones coincidió con la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, jurista sudafricana de 85 años que fue jueza de la CPI y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Comité Noruego del Nobel reconoció su trayectoria en favor de la paz, la justicia penal internacional y el derecho internacional. Pillay también presidió una comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza, conclusión que el Gobierno israelí rechazó.
La coincidencia temporal entre el premio y las sanciones colocó nuevamente en el centro del debate internacional la independencia de los tribunales y el papel de las instituciones multilaterales. No obstante, el anuncio del Nobel y la decisión estadounidense son acontecimientos distintos, aunque ambos están relacionados con las tensiones en torno a la justicia internacional.
La CPI fue creada en 2002 y cuenta con 125 Estados miembros. Estados Unidos no forma parte del tribunal, pero sus decisiones pueden tener consecuencias para bancos, empresas tecnológicas y otras entidades estadounidenses que mantienen relaciones con la institución.
La evolución de las sanciones y la respuesta de los países miembros serán determinantes para conocer el impacto de las medidas sobre el funcionamiento del organismo.
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