Roberto Godínez
Ciudad de México., 12 de enero del 2025. –
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron que los estados y municipios deberán armonizar sus leyes locales para poder sancionar adecuadamente a servidores públicos acusados de actos de corrupción.
La determinación surgió a partir de la resolución de las Controversias Constitucionales 114/2024 y 115/2024, en las que el máximo tribunal analizó la forma en que las leyes estatales deben alinearse con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que cuando las normas no están correctamente diseñadas, la justicia administrativa simplemente no funciona.
“¿Cómo puede un municipio sancionar por corrupción a servidores públicos si sus propias leyes están mal elaboradas?”, cuestionó.
Ortiz Ahlf recordó que en la Suprema Corte se resolvió cómo deben armonizarse las leyes locales con el Sistema Nacional Anticorrupción para garantizar un funcionamiento uniforme en todo el país.
El origen del conflicto se remonta a 2015, cuando se aprobó la reforma constitucional en materia de sistemas nacionales y estatales anticorrupción, la cual facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dicha ley obliga a los estados a adecuar sus normas locales para que el sistema opere de manera homogénea.
Sin embargo, en 2019 el estado de Nuevo León expidió su propia Ley de Responsabilidades Administrativas. Ante ello, el municipio de San Pedro Garza García promovió las controversias constitucionales, al considerar que la incorrecta armonización de la ley local le impedía ejercer plenamente su facultad constitucional para sancionar a servidores públicos.
El pleno de la SCJN determinó que el Congreso de Nuevo León no adecuó correctamente ni la Ley de Responsabilidades Administrativas ni la Ley de Justicia Administrativa del estado, al incurrir en diversas irregularidades: se asignaron medios de impugnación a tribunales que no debían conocerlos, se permitió que una sala especializada revisara sus propias decisiones y se vulneró el principio básico de que toda impugnación debe ser resuelta por una autoridad superior.
Ante esta situación, la Suprema Corte ordenó al Congreso de Nuevo León legislar nuevamente y corregir dichas deficiencias a más tardar en el siguiente periodo ordinario de sesiones, con el fin de armonizar sus leyes con la Ley General.
La SCJN destacó que esta resolución tiene una relevancia significativa para el orden jurídico de Nuevo León, ya que contribuye a la correcta implementación de la reforma constitucional en materia de responsabilidades administrativas, del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Tribunales de Justicia Administrativa.
Además, permitirá que los municipios que impongan sanciones a servidores públicos ejerzan plenamente las competencias que la Constitución les otorga y garanticen que sus resoluciones en materia de responsabilidades administrativas se ejecuten de manera efectiva.
