Salamanca.- Por unanimidad, los regidores del ayuntamiento rechazaron el oficio del Congreso del Estado para que el municipio realice la reconfiguración de las facultades de la policía municipal, en la investigación de delitos y su coordinación con el ministerio público.
En el marco de la sesión del ayuntamiento celebrada la tarde del martes, uno de los puntos tocados fue el dictamen que formuló la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, relativo a la circular número 126 remitida por el Congreso del Estado de Guanajuato.
El regidor Rafael Alejandro Prieto Carrillo, en su calidad de presidente de dicha comisión, expuso el dictamen y señaló: “La circular 126 remitida por el Congreso del Estado contiene una serie de iniciativas de gran relevancia, entre las que destacan la creación de la Secretaría de Justicia en sustitución de la actual Secretaría de Seguridad y Paz, otorgándole nuevas atribuciones en materia de investigación de delitos; la expedición de la ley orgánica del ministerio público del estado de Guanajuato, con la finalidad de fortalecer sus capacidades de investigación y litigación”.
Agregó además que “la expedición de la ley orgánica de la Agencia de Investigación Criminal para dotarla de autonomía y nuevas funciones, así como diversas reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, implican una reconfiguración de las facultades de las policías municipales en la investigación de delitos y su coordinación con el ministerio público”.
Prieto Carrillo enfatizó: “Tras un análisis responsable de estas propuestas, la comisión identificó avances positivos como el fortalecimiento del ministerio público en la intención de mejorar las capacidades de investigación. No obstante, también encontramos limitaciones y riesgos importantes que nos impiden emitir una opinión favorable”.
En ese sentido, el regidor morenista expuso los principales argumentos:
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Falta de condiciones materiales y administrativas. Los municipios no cuentan con recursos humanos, financieros ni de infraestructura suficientes para asumir las nuevas cargas.
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Incertidumbre operativa. El diseño de atribuciones genera vacíos y riesgo de duplicidad de funciones entre policías municipales y ministerio público.
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Impacto desproporcionado en los municipios. Se fortalece la estructura estatal, pero no se establecen apoyos técnicos ni financieros claros para los gobiernos locales.
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Necesidad de gradualidad. Estas reformas deberían implementarse de manera progresiva, atendiendo a las capacidades reales de los municipios.
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Ausencia de certeza jurídica. La falta de disposiciones claras sobre la coordinación puede generar conflictos de competencia y debilitar la eficacia de la seguridad pública.
Finalmente, por unanimidad, los regidores de todos los partidos políticos aprobaron el dictamen en el que rechazaron la iniciativa del Congreso estatal.
