Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república, fue denunciado penalmente por el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, por el delito de tráfico de influencias.
La denuncia la hizo ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la propia Fiscalía General de la República (FGR9, según información publicada por la revista Proceso.
“La querella agrega otras conductas delictivas que podrían imputarse al fiscal: coalición de servidores públicos, asociación delictuosa y lo que resulte. Además, en el escrito se señala como coimputado de Gertz al subprocurador de Control Competencial de la Fiscalía, Juan Ramos López, considerado el brazo derecho del fiscal”, dice la publicación.
En la acusación se exponen el modus operandi y otras conductas delictivas que podrían imputársele al fiscal y a varios de sus colaboradores, como coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. También se describen las maniobras que el propio Gertz ha empleado desde la institución que dirige para litigar casos personales y obtener beneficios.
Parte de la información de Proceso establece lo siguiente:
Se acusa a Gertz Manero de ser un hombre “parcial, vengativo y envenenado” que ha utilizado a la FGR para litigar sus asuntos personales, como el caso de las imputaciones penales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó contra su cuñada, Laura Morán, y la hija de ésta, Alejandra Cuevas.
En su denuncia, Scherer asegura que el fiscal general utilizó de manera facciosa la FGR relacionándolo con “hechos fabricados y productos de intercambio ilícitos de la FGR con particulares en casos relevantes para que interpongan denuncias en mi contra, a cambio de obtener cancelaciones de órdenes de aprehensión o para que les sean aprobados criterios de oportunidad a su favor”.
Dice que las pesquisas abiertas por esos funcionarios son “para situarme y hacer parecer que cometí una conducta contraria a la ley”, y carecen de asidero legal porque, en todo caso, debieron integrarse en la Fiscalía Anticorrupción y no ante la Fiscalía de Control Competencial ni la de Asuntos Internos.
