Jorge Marcelino Trejo Ortiz.
La determinación del INE en calificar como procedentes las representaciones que tendrá Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, lejos de la discusión de que, si es constitucional o no esta mayoría hegemónica, se trata ya de una nueva normalidad.
Del total de 500 escaños en la Cámara (baja) Morena y felices aliados cuentan con 364; el resto lo tienen PAN, PRI, PRD y MC (que no formaba parte de Va por México, pero que también pelea en contra de la sobrerrepresentación).
Bajo esta conformación cameral, el bloque en el poder no requiere consenso alguno para modificar la mismísima Carta Magna y menos otras leyes secundarias, según se lo proponga y como ya se viene haciendo y se hará.
Amigos me han preguntado como abogado (sin ser un experto constitucionalista) si es que me parece legal o no esta sobrerrepresentación en el Congreso y los riesgos que pueda haber en el tema sociopolítico y de impartición de justicia.
Esto ya ha sido motivo de debate, pero la mayor parte de los expertos coinciden (y estoy de acuerdo) en que una sobrerrepresentación excesiva es inconstitucional y daña la integridad democrática del sistema de representación proporcional, contemplada en el artículo 54 de nuestra Ley Suprema.
Los partidos de oposición referidos tienen 48 horas (a partir del viernes 23 del mes en curso) para impugnar el fallo del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esta instancia tiene hasta el 28 del mes para resolver, porque el 29 deben tomar protesta tanto diputados como senadores.
En torno al Senado de la República, Morena y sus secuaces se quedaron a tres escaños de también lograr la mayoría calificada, siempre y cuando no haya chapulines que se brinquen al lado contrario.
La papa caliente está hoy en el TEPJF, instancia que ha señalado la necesidad de regular y limitar mejor la sobrerrepresentación para evitar distorsiones en la verdadera representación popular.
En años recientes el Tribunal Electoral ha emitido sentencias y reglas para evitar que los partidos utilicen las coaliciones para incrementar artificialmente su representación. Veamos si es congruente con esta política.
Hoy, todos los temas nacionales e internacionales están ligados en torno al devenir de México y no se puede dejar de mencionar el paro nacional en el Poder Judicial de la Federación que suma seis días de protestas.
Hay una inconformidad e incertidumbre en torno a la pretendida reforma constitucional al Poder Judicial de nuestro país. Sus protestas me parecen justas porque sí está en riesgo el futuro laboral de jueces de distrito, magistrados y ministros.
Esto ocurre a pesar de tanto el Presidente en funciones, López Obrador, y la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, digan que no hay riesgo de los derechos laborales de tales funcionarios y que tampoco se vería afectada la impartición de justicia federal, sino beneficiada al evitar la corrupción.
Por supuesto que hay riesgos de todo tipo ante un inminente giro de 180 grados para el nombramiento de jueces, magistrados y ministros, quienes, ante esa reforma constitucional, tendrían que ser nombrados por elección popular.
El debate de este tema es ya internacional por las posturas de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que detectan riesgos con esa reforma. Empresas e instancias están en contra como lo manifiestan el Banco Mundial, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con los espacios que lograron los partidos gobernantes en el Congreso de la Unión, las reformas que se propongan las pueden llevar a cabo, pero en el contexto global se debe sopesar los pros y los contras.
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