Salamanca, Gto., 03 de febrero del 2026. –
El municipio incurrió en irregularidades al suspender de sus labores a una ex regidora y no se defendió legalmente, por lo que deberá pagar dinero de los salmantinos; además, el secretario del Ayuntamiento será demandado penalmente por abuso de autoridad.
El 1 de diciembre de 2025, la Sala Especializada del Tribunal Contencioso resolvió el expediente P.A.S.E.A. 44/SALA ESPECIALIZADA/2025, en el que determinó que la destitución de la entonces regidora del Ayuntamiento, Herlinda Castillo Aguado, carecía de sustento legal por falta de competencia de la autoridad que la ejecutó.
La suspensión fue sugerida al Ayuntamiento por Gonzalo Esaú Cano Calvete, quien era subcontralor de Asuntos Jurídicos de la Contraloría Municipal. El alcalde, César Prieto, avaló la destitución y posteriormente, cuando supo que le asistía la razón a la ex regidora y que el municipio habría de pagar dinero de las arcas municipales, dijo que iría hasta la última instancia para defender al municipio que representa.
Gonzalo Esaú Cano Calvete fue nombrado por el Ayuntamiento como secretario del Ayuntamiento, cargo que actualmente ocupa.
La administración municipal dejó vencer el plazo para impugnar la sentencia. No se presentó recurso ni amparo alguno. Por esa omisión, el fallo causó ejecutoria y quedó firme, definitivo y obligatorio.
El monto de dinero que los salmantinos pagarán por la omisión del municipio y/o Ayuntamiento asciende a 292 mil 704 pesos con 76 centavos.
Adicional al pago y cumplimiento de la resolución, la ex regidora y ex tesorera municipal tiene el derecho de denunciar penalmente al secretario del Ayuntamiento, ya que pudo incurrir en el delito de abuso de autoridad cuando se desempeñaba como subcontralor.
