Jorge Marcelino Trejo Ortiz
Con el Presidente Municipal de Totolapan, Guerrero, van 18 los alcaldes que han sido ejecutados en cuatro años y un recuento de Infobae nos dice que suman 60 funcionarios de ayuntamientos quienes han corrido esa mala suerte.
De manera independiente de que estuvieran o no relacionados con algún grupo delictivo, no es razón de que fueran ultimados de forma violenta, en todos los casos, en ataques con armas de fuego, lo que no debería ocurrir en un real Estado de derecho.
No es de extrañarse el hecho de que el crimen haya penetrado en las esferas políticas en nuestro país, porque su poder es inconmensurable y, lo peor, creciente. Los municipios, entre más pequeños son presa fácil de los cárteles y sus brazos ejecutores.
Uno de los principales atractivos que tienen las administraciones municipales es precisamente el manejo de recursos públicos, tanto materiales como humanos, porque el crimen busca cooptar a las corporaciones de seguridad pública y luego los otros ámbitos del gobierno.
Según datos de la consultora, del primero de diciembre de 2018 al 5 de octubre de este año, iban 18 alcaldes, 31 regidores y 11 síndicos asesinados; esto, sin contar a funcionarios de las administraciones municipales.
La distribución geográfica de esos atentados nos indica que Oaxaca lidera la lista de estos crímenes con un total de 12 ediles; Guanajuato se apunta con tres y Baja California con uno.
No debería ser una disyuntiva que esos funcionarios, electos de manera popular, tuvieran que escoger entre “la plata o el plomo” de los grupos de la delincuencia organizada, porque la honestidad no debe ser una decisión sino una condición.
De nadie es extraño el término narcogobierno, que implica el control total del aspecto político porque su intromisión tiene que ver incluso con la elección de candidatos y las acciones para que ganen las votaciones.
Tras el control político viene el control pleno de las administraciones incluyendo la designación de funcionarios. ¿Qué porcentaje de alcaldías en la República puedan estar cooptadas o controladas?, no lo sabemos.
En San Miguel Totolapan no solo fue ultimado el presidente Conrado Mendoza, sino incluso su padre y 18 personas más, entre ellos varios funcionarios. Las razones de esa masacre se deben esclarecer, más allá que un presunto líder del grupo delictivo la Familia Michoacana dijera en redes que él era el objetivo, junto con el alcalde.
Conforme se vayan acercando los procesos electorales de 2023 y 2024, los riesgos de que se pueda recrudecer esa violencia por parte del crimen organizado son palpables, por lo que los procesos deben de ser blindados desde el renglón de las autoridades electorales como de los otros poderes del gobierno.
¿En qué entidades federativas existe ese riesgo? Pues primordialmente donde los cárteles están asentados y también a donde han ido extendiéndose en competencia con otros grupos. Según los expertos, en 30% del territorio nacional.
En nuestra entidad han ocurrido homicidios de esa índole tanto a alcaldes como a ex alcaldes y funcionarios municipales. En Celaya el atentado no fue hacia el Presidente, sino a su familia, en la persona de su hijo; caso en el que definitivamente es por la lucha frontal que se ha mantenido en contra de la delincuencia.
Así como se han establecido y normado los protocolos para la protección y defensa de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de igual manera se debe establecer una ley para la protección de los presidentes municipales y demás funcionarios.
Los protocolos de prevención y protección tienen que extenderse inclusive a los candidatos, como nos lo enseñó la experiencia cuando fue asesinada Alma Rosa Barragán, que aspiraba a ser alcaldesa de Moroleón, baleada en pleno acto de campaña, en mayo de 2021.
Esa normatividad tiene que contar con los códigos de ética y el blindaje en seguridad con apoyo tanto del Estado como de la Federación. Pero todo tiene que partir de la calidad moral, como condición, para ser servidores públicos.
