Irapuato, Gto., 16 de enero del 2026. –
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo sentencias condenatorias contra tres personas por delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad y agresiones armadas contra servidores públicos, tras hechos ocurridos en julio de 2025 en el municipio de Irapuato.
Mediante procedimientos abreviados, GUILLERMO DE JESÚS “N” fue sentenciado a 14 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos, privación de la libertad agravada y robo equiparado. En tanto, JORGE MIGUEL “N” e IGNACIO “N” recibieron sentencias de 12 años de prisión cada uno por homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos y privación de la libertad agravada.
De acuerdo con la investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de julio de 2025, alrededor de las 2:00 horas, cuando los ahora sentenciados, armados y a bordo de una camioneta, arribaron a un domicilio de la colonia Expofresas, donde privaron de la libertad a un hombre, a quien subieron esposado al vehículo.
Durante la huida, sobre el bulevar Solidaridad, fueron detectados por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes les marcaron el alto. Al no atender la indicación, se inició una persecución que continuó por la carretera con rumbo a León. A la altura de la comunidad de El Copal, uno de los agresores disparó con un arma larga contra una patrulla.
La persecución concluyó en la comunidad de Santa Teresa, en el municipio de Guanajuato capital, luego de que los ocupantes de la camioneta perdieran el control del vehículo y se impactaran contra la barda de un terreno baldío, donde fueron detenidos por policías estatales.
En el interior de la unidad fue localizado el hombre privado de la libertad, quien fue liberado sin lesiones. También se aseguraron armas largas, cargadores, municiones, cartuchos, equipo táctico de uso exclusivo del Ejército y la camioneta, la cual contaba con reporte de robo.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien los presentó ante un juez. Tras calificarse como legal la detención y acreditarse la responsabilidad penal, se dictaron las sentencias y se impuso la prisión preventiva.
