Irapuato, Guanajuato. 12 de febrero del 2024. –
La Procuraduría General de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato (Prodheg), pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, directamente hacia el titular de Policía Municipal, pedir una disculpa por escrito hacia el fotoperiodista José Luis Cervantes, por haberlo agredido físicamente y violar su derecho a la libertad de expresión durante la tarde del 20 de junio del 2023.
El expediente con el número 1190/2023 que se emitió desde el pasado 31 de enero, destacó que sí hubo agresiones en contra del reportero irapuatense, cuando en su labor tomaba fotografías de los hechos y fue atacado por elementos de seguridad.
Fue durante una manifestación en el bulevar Solidaridad a la altura del Hotel Hotsson, que al salirse de control, José Luis Cervantes se acercó a fotografiar las detenciones que se cometían y los policías comenzaron a retenerlo para después tirarlo al suelo.
“Agredieron al quejoso, al haberlo sometido por el cuello y brazos, dañándole su cámara, e impidiéndole el ejercicio de su labor periodística, por lo que omitieron salvaguardar sus derechos humanos de libertad de expresión e integridad física, pues de conformidad con la Ley para la Protección de Periodistas las agresiones se configuran cuando por acción u omisión se daña la integridad física, psicológica, moral, patrimonial o económica de las personas periodistas; así como cuando se violenta su derecho humano de libertad de expresión a través de censura o represión”, subraya el oficio.
Además, de acuerdo con el documento de la procuraduría, el informe del secretario de Seguridad Ciudadana Luis Ricardo Benavides Hernández, declaró que “era falsa la nota periodística la cual derivó el inicio de la investigación del presente expediente y negó que los PM (policías municipales) hubieran realizado algún acto de violencia en contra del reportero”, agresión que la Prodheg aseguró que ocurrió debido al material que se encontraba de los diversos medios de comunicación que se encontraban en el lugar.
Con la fecha del 31 de enero se envió este expediente y recomendación al Gobierno Municipal, mismo que da cinco días para que las autoridades acepten o no la misma, sin tener hasta ahora alguna respuesta.
