Guanajuato, Gto., 14 de mayo del 2025. –
La justicia federal rechazó conceder la suspensión definitiva solicitada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de León y por un individuo que se presentó como representante del CCE de Irapuato, en el juicio de amparo 1257/2024-VII, con el cual buscaban frenar su salida del Comité Técnico del FIDESSEG y detener una reforma normativa impulsada por el Gobierno del Estado.
El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Guanajuato resolvió que la medida cautelar solicitada es improcedente, al considerar que concederla iría en contra del interés social y afectaría el funcionamiento de un fideicomiso público destinado a financiar proyectos sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.
Según lo determinado, el quejoso que alegó representar al CCE de Irapuato no cuenta con la representación legítima del organismo, ya que esta recae exclusivamente en su presidente o en quien él designe.
“La suspensión solicitada privaría a la sociedad de beneficios colectivos”, determinó el juez al negar la medida, subrayando que los intereses particulares no pueden estar por encima del bienestar común ni obstruir la operación de un instrumento público con fines sociales.
Además, el juzgado desechó los señalamientos sobre pérdida de representatividad dentro del Comité Técnico del FIDESSEG, al confirmar que los Consejos Coordinadores Empresariales mantienen cinco espacios activos en dicho órgano.
La resolución fue celebrada por el Gobierno estatal, que calificó el fallo como un respaldo a su compromiso con la legalidad, la transparencia y la justicia social en la administración de los recursos públicos.
