Toluca, Estado de México. – Jimena Akari, mujer trans y servidora pública con nueve años de trayectoria, denunció que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) le ha negado el acceso a una cirugía de reasignación de género, a pesar de que cumple con todos los requisitos médicos y legales para acceder a este procedimiento.
Jimena comenzó su proceso de transición médica luego de enfrentar episodios de ansiedad relacionados con su identidad de género. Aunque en un inicio el ISSEMYM mostró disposición para seguir los lineamientos federales en atención a personas LGBTTTI+, como el protocolo de la Secretaría de Salud y sentencias de la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la institución dio marcha atrás en etapas clave del proceso.
“La vida me estaba dando la oportunidad de expresar esto; si no lo decía, nunca lo iba a saber”, recuerda Jimena sobre el momento en que decidió iniciar su transición. Su tratamiento incluyó apoyo psicológico, durante el cual se determinó que su disforia de género justificaba una cirugía como parte de un proceso integral de salud. Tras más de dos años de tratamiento, el 26 de septiembre de 2024 presentó una solicitud formal para la cirugía.
El ISSEMYM, tras revisar su caso, concluyó que era candidata al procedimiento. A principios de este año, incluso fue valorada para una cirugía reconstructiva y se confirmó que no existía impedimento psicológico. Con el visto bueno de las áreas de urología, psiquiatría y anestesiología, se programó la operación para abril de 2025.
Sin embargo, el 13 de febrero, a semanas de la fecha prevista, recibió una llamada del hospital: su médico quería discutir la posibilidad de adelantar el procedimiento. Con todos los estudios preoperatorios en regla, Jimena acudió al hospital la mañana pactada… pero no estaba en la lista de cirugías, ni su expediente aparecía entre los preparados. Más tarde, el personal médico le informó, de forma verbal, que la cirugía no se realizaría porque hacía falta la autorización de un comité de bioética.
“La noticia me devastó. Nada me preparó para ese calvario”, lamentó Jimena, quien asegura haber reorganizado su vida laboral y familiar para el postoperatorio. “Conozco los protocolos y literatura médica: cumplí con todo lo que se exige en otros países y aquí me lo niegan sin explicación formal.”
