Andrés Ortiz
México., 19 de junio de 2025 —
México es hoy el país más peligroso del mundo para los funcionarios municipales. Así lo revela un informe de la organización internacional Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), que documentó 324 actos violentos en contra de alcaldes, regidores, síndicos y otros servidores públicos locales durante 2024. La cifra representa un incremento del 29 % respecto al año anterior y ubica a México por encima de naciones con conflictos armados activos.
Los estados con mayor número de incidentes fueron Guerrero, Michoacán, Veracruz, Sinaloa y Guanajuato, entidades con fuerte presencia de grupos criminales. En muchos casos, los funcionarios fueron blanco de ataques por negarse a colaborar con cárteles o por intentar aplicar controles que afectan las economías delictivas locales.
Las agresiones incluyen asesinatos, atentados armados, secuestros, desapariciones y amenazas, muchas de ellas registradas durante el proceso electoral de 2024.
El informe destaca que, en la etapa previa a los comicios, especialmente entre enero y marzo de ese año, se registraron 33 asesinatos de funcionarios locales, cifra que aumentó a 43 en el mismo periodo de 2025. Las agresiones no cesaron tras las elecciones. En Guerrero, por ejemplo, el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, fue decapitado apenas seis días después de haber asumido el cargo. El caso simboliza el grado extremo de violencia con el que el crimen organizado impone su control sobre gobiernos municipales. 
Incluso en zonas consideradas de mayor seguridad, como la Ciudad de México, los funcionarios no están exentos. El pasado 20 de mayo, fueron asesinados la secretaria particular y un asesor cercano de Clara Brugada, jefa de Gobierno electa. La ejecución ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, lo que generó preocupación sobre la capacidad del Estado para garantizar la integridad de sus representantes políticos.
Expertos consultados por organizaciones como ACLED y Data Cívica señalan que esta violencia es sistémica y responde a intereses del crimen organizado por cooptar estructuras municipales. Académicos como Roxana Gutiérrez-Romero y Nayely Iturbe advierten que el objetivo de los cárteles no es solo controlar presupuestos locales o la asignación de contratos, sino también asegurar impunidad mediante el dominio político.
Frente a este panorama, las medidas de protección para funcionarios siguen siendo insuficientes. Aunque algunos reciben escoltas o vigilancia especial, no existe una política nacional uniforme para prevenir estos crímenes. Tampoco hay mecanismos de reacción inmediata ni protocolos estandarizados para responder a amenazas, lo que deja a cientos de autoridades locales en un estado de vulnerabilidad constante.
