Jorge Marcelino Trejo Ortiz
En el municipio de León, hay una grave alerta se ha encendido alrededor del ámbito laboral público: al menos 31 denuncias de hostigamiento laboral han sido registradas en la dependencia de Parque Metropolitano, de las cuales apenas seis investigaciones se han iniciado formalmente.
Paralelamente, múltiples trabajadoras y trabajadores manifiestan que otras quejas no pueden formalizarse porque temen represalias, despido o aislamiento por denunciar. Este escenario exhibe no sólo la magnitud del problema, sino también la inacción institucional.
En otras dependencias hay otra decena de denuncias.
La alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, y la estructura municipal no pueden permitirse mirar hacia otro lado.
La primera tarea urgente es garantizar que se haga justicia. Esto significa activar sin demora todos los procedimientos de investigación, proteger a las personas que denuncian y sancionar a los responsables, sin importar el rango o la dependencia. En el Parque Metropolitano se han presentado testimonios de despidos de trabajadores que denunciaron acoso, una conducta que, de verificarse, agrava el sesgo de impunidad. La autoridad municipal debe actuar con imparcialidad y transparencia. No puede proteger a directivos o investigados.
La figura de la directora del parque, señalada por varias denuncias, no debe quedar fuera de inspección seria y efectiva. Los mecanismos de denuncia existentes deben ser fortalecidos, garantizando anonimato, protección y avance real de las investigaciones, sin que los plazos legales se conviertan en excusa para la invisibilidad. Urge revisar a fondo cómo se están procesando las quejas y cuántas de ellas han derivado en sanciones. No basta con declarar que se investiga si no hay resultados.
La segunda gran tarea es prevenir para que no se repitan los hechos, lo que exige medidas estructurales que trasciendan cada caso individual. Primero, debe instaurarse una Prueba de Control de Salud Mental, además de los exámenes psicométricos ya existentes. Esta evaluación debe ser aplicada especialmente a quienes aspiran a cargos directivos o mandos, como una herramienta para detectar posibles riesgos en el ejercicio de autoridad. Debe ser obligatoria antes del nombramiento.
Segundo, el Municipio debe implementar capacitaciones sistemáticas en equidad de género, prevención de la violencia contra la mujer y de la discriminación. Estas capacitaciones deben tener la misma obligatoriedad, cobertura e intensidad que las que se aplican sobre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No deben ser opcionales ni esporádicas. Deben impartirse antes de que cualquier funcionario o funcionaria asuma el cargo.
Adicionalmente, se debe institucionalizar un protocolo claro y obligatorio. Todo servidor público debe firmar una declaración de compromiso ético y de respeto al entorno laboral digno. Debe recibir una inducción específica sobre los mecanismos de denuncia, con garantías reales de confidencialidad. Además, se necesita implementar un monitoreo constante del clima laboral en cada dependencia. Los resultados deben ser públicos.
También es urgente establecer mecanismos de protección legal y laboral para quienes denuncian. No es aceptable que una trabajadora pierda su empleo por señalar actos de acoso o violencia institucional. Quien se atreve a hablar debe contar con respaldo formal, no con indiferencia. La cultura del silencio solo se rompe cuando la estructura responde con firmeza y justicia.
Finalmente, León debe dar un ejemplo de cambio institucional. Ser el municipio con más denuncias no puede ser un dato que se normalice. Más allá de las cifras, hay personas afectadas, dignidades vulneradas y derechos laborales pisoteados. Una administración comprometida debe transformar esta crisis en un punto de inflexión.
La alcaldesa debe dejar de proteger a quienes han sido señalados, y actuar con imparcialidad frente a todos los casos. Solo con justicia, medidas preventivas y verdadera voluntad política, León podrá dejar de ser líder en acoso y convertirse en un referente de respeto, dignidad y legalidad en el servicio público.
