La guerra de AMLO contra el Poder Judicial, lo que falta

Jorge Marcelino Trejo Ortiz
La supresión de los fideicomisos del Poder Judicial es solo una parte de la guerra del Presidente López Obrador contra esta instancia republicana. Nos faltan por ver más batallas, en especial la pretendida reforma para que magistrados y ministros sean nombrados previa elección popular.
De inicio, tenemos que ver si es cierto que son privilegios para unos cuantos funcionarios de alto nivel del Poder Judicial, como lo quiere hacer ver el Ejecutivo Federal.
Se tiene que señalar que seis de esos 13 fideicomisos tienen que ver con prestaciones laborales para funcionarios y trabajadores en general, principalmente pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios, aclara la Oficialía Mayor de la Corte.
Y la versión de que uno de los fideicomisos es para reparaciones de las casas de los ministros, se aclara que no se trata de casas particulares, sino propiedades del Poder Judicial, en especial inmuebles que son usados para Casas de la Cultura Jurídica, como la que está en el 309 de la calle Chiapas, en la colonia Arbide de León.
Las protestas de los funcionarios del Poder Judicial en todo el país, no creo que sea porque los mandaron los Ministros desde sus sillas de la Suprema Corte. Se trata en su mayor parte de profesionistas en distintos ramos, en especial abogados, que no tendrían qué ser manipulables.
De fondo, no se refiere únicamente de eliminar los fideicomisos sino que el transitorio de la reforma propuesta, tiene que ver con coartar la posibilidad de formar fideicomisos al Poder Judicial.
Si se buscan ahorros eliminando supuestos privilegios, ¿por qué serían solo los del Poder Judicial y no todos los que tienen las secretarías de Estado e instituciones del poder público, como es el caso de la Sedena, Pemex o Conagua?
Los 15 mil millones de pesos que representan el fondo de los fideicomisos, es precisamente el motivo principal de la eliminación para que en el presupuesto del siguiente año, sean utilizados para los programas emblema del Gobierno Federal.
Ese monto es más o menos el mismo de lo que representó el desvío de Segalmex (más de 15 mil millones de pesos), pero ahí lo único que por lo que hay presuntos responsables señalados es menos de 200 millones de pesos.
¿Por qué no esclarecer y llegar hasta las últimas consecuencias por recuperar esos recursos y no minimizarlo o defender a los indefendibles?
Como el caso de los fideicomisos es un asunto que se puede reformar sin necesidad de mayoría calificada en el Congreso de la Unión, como sí se requiere esa votación cuando se trata de reformas constitucionales, entonces pasa porque pasa con puntos y comas.
Ya se votó y aprobó en la Cámara de diputados y este martes 24 de octubre por la mañana, lo aprueban senadores de Morena y aliados, que representan mayoría simple, a pesar de lo puedan debatir los legisladores de oposición o las manifestaciones que continúen los trabajadores del Poder Judicial.
Podemos rectificar que no en el fondo, sino que de manera abierta hay una enconada pretensión de acotar al poder Judicial con una aberrante reforma para que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los ministros de la SCJN sean elegidos por voto ciudadano.
¿Los aspirantes tendrán que salir a hacer campañas? ¿Bajo el auspicio de qué partido o habrá candidatos independientes? ¿Cuánto se gastaría en ello? ¿Cuánto tendría que erogar el INE? No me vengan.
Como amante de las leyes y del Derecho en general, creo que la justicia no deberá provenir por lo que una mayoría considere que es lo justo. La justicia no puede aplicarse con un sesgo político (ni de ningún otro tipo), no deberá de ejercerse con base a una mayoría dominante de un partido político o de otro.
Muchas sociedades se han arrepentido de haber electo a un gobernante porque ese gobernante no es lo que esperaban o lo que él había prometido ser y hacer. Para el caso de la justicia, no podremos arrepentirnos, al final del día, de haber elegido mal a los procuradores e impartidores de justicia.