Jorge Marcelino Trejo Ortiz
El exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha sido señalado por presuntamente vivir en una lujosa casa en Houston, Texas. Hasta ahí, todo parece parte del derecho privado de cualquier ciudadano. Pero el problema es otro. Esa casa no está a su nombre ni a nombre de algún familiar, sino que pertenece a una empresa que ha sido beneficiaria de millonarios contratos públicos durante su sexenio: Seguritech.
Diego salió para aclarar en X que él no está viviendo allá, sino solo su familia: su esposa y sus hijas, porque estudian allá. Y que no les pertenece, sino que la tienen rentada. Cuando se le preguntó a Claudia Sheinbaum, sobre el asunto, ella indicó que intercambio de favores, simplemente es corrupción.
Seguritech es una firma especializada en tecnología y servicios de seguridad. Ha obtenido contratos para el blindaje de vehículos, instalación de cámaras, centros de control y vigilancia. En Guanajuato, el monto supera los mil millones de pesos.
Esta no es una cifra menor. Lo delicado es que ahora, la misma empresa que hizo negocios con el gobierno de Diego Sinhue es la propietaria del inmueble donde vive o ha vivido el propio exgobernador.
¿Renta o favor? La línea entre un contrato legal y un conflicto de interés se vuelve delgada cuando los involucrados no aclaran con contundencia su relación. No basta decir que la casa está rentada, como se ha filtrado a los medios. Hay que demostrarlo. Mostrar el contrato, los pagos, las fechas. Sobre todo, si el propietario es un proveedor del estado.
La opacidad en este tipo de relaciones mina la credibilidad de los gobiernos y alimenta el hartazgo ciudadano. El problema no es sólo Diego Sinhue ni una sola casa. Lo grave es el patrón que podría estarse repitiendo. ¿Cuántos exfuncionarios terminan viviendo en casas, departamentos o usando vehículos de empresarios que antes les vendieron servicios con cargo al erario?
Guanajuato, que enfrenta una de las peores crisis de violencia en su historia reciente, no merece más sombras. Las finanzas públicas, especialmente en rubros sensibles como seguridad, deben estar más allá de toda sospecha. No se trata de golpear mediáticamente a nadie, sino de exigir transparencia, rendición de cuentas y congruencia.
Este caso nos remite a un fenómeno nacional que ha sido documentado, pero pocas veces castigado: el intercambio de favores entre políticos y contratistas. Es un modelo de corrupción discreta y legalizada que termina por descomponer el tejido institucional. Hoy te doy un contrato, mañana me das una casa. No hace falta transferir dinero, basta con que las puertas se abran.
Si Diego Sinhue no quiere cargar con esa sombra, tiene la obligación de hablar claro. No con evasivas ni comunicados ambiguos, sino con documentos en mano. Que se sepa cuánto paga, desde cuándo, bajo qué condiciones. Y también, qué relación ha tenido o tiene con los dueños de Seguritech. De otra forma, el silencio se vuelve complicidad.
El PRI, el PAN, Morena o cualquier partido, han tenido casos parecidos. La diferencia está en la reacción. Algunos niegan, otros huyen, pocos enfrentan. En Guanajuato, la ética pública debería tener otro estándar, porque Diego presumió que Guanajuato ocupó el primer lugar nacional en transparencia. Pero parece que eso también ha cambiado.
¿Habrá más casos? Eso, es lo que debería investigar el Congreso local, y el Gobierno del Estado actual. No para iniciar una cacería, sino para cerrar la puerta a la impunidad. Porque hoy es Diego, pero mañana podría ser cualquier otro.
La transparencia no es opcional cuando se ha sido servidor público. Es una deuda con la ciudadanía que aún cree en el bien común. Y sí: Guanajuato merece saber quién le vende seguridad… y a cambio de qué…
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