San Pedro de Cholula, Puebla., 25 de junio del 2025. –
Colectivos ciudadanos y vecinos de San Pedro de Cholula intensifican su presión para el cierre definitivo del relleno sanitario intermunicipal ubicado entre San Pedro de Cholula y San Andrés Calpan, por considerarlo una fuente de contaminación masiva que pone en riesgo la salud pública y el medio ambiente.
El pasado mayo, organizaciones como la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero instalaron un plantón permanente en los accesos del basurero, bloqueando el paso de camiones de desechos. Ahora, colectivos en redes sociales dan seguimiento a las denuncias por este tiradero.
Ahí, denunciaron “brutales” niveles de contaminación en pozos cercanos y brote de lixiviados que afectan suelo, agua y aire. Profesionales de la UAM detectaron coliformes fecales y materia orgánica en muestras de agua, evidenciando graves violaciones a la norma 083 de Semarnat.
Aunque en abril de 2025 la Profepa clausuró temporalmente el basurero, activistas advierten que la contaminación persiste porque no se remedia el sitio y la clausura carece de un plan real de abandono. Continuaron escurrimientos de lixiviados, la infraestructura de contención no opera adecuadamente y no se ha presentado un cronograma para el cierre técnico ni saneamiento.
Simultáneamente, habitantes y colectivos iniciaron una campaña de reforestación en la zona afectada, utilizando donaciones desde todo México.
“Llevamos semanas plantando diferentes tipos de árboles y plantas aromáticas para descontaminar áreas donde se acumuló basura”, señalaron los impulsores del proyecto.
Han solicitado fondos nacionales a través de asociaciones civiles y redes ciudadanas para sostener la iniciativa de recuperación ambiental, que incluye especies frutales, ornamentales y medicinales.
En San Andrés Cholula se entregaron 630 ejemplares en enero, mientras que el estado, en 2024, distribuyó más de tres millones de plantas para reforestar diversas regiones, incluida San Pedro Cholula. Aunque estas acciones señalan una voluntad institucional, los colectivos advierten que mientras el basurero no sea clausurado y remediado, su trabajo no compensa el daño causado.
Por su parte, autoridades ambientales mantienen abiertos diálogos, aunque los pobladores denuncian falta de transparencia: solicitan información sobre estudios de impacto y medidas correctivas, pero las dependencias federales y estatales restringen el acceso a los datos. Los defensores del agua preparan litigios de amparo y exigen un programa formal para el cierre técnico, limpieza y recuperación del sitio.
