Estados Unidos. 21 de febrero del 2025. –
Greenpeace enfrenta uno de los mayores desafíos en su historia en Estados Unidos debido a una demanda de 300 millones de dólares interpuesta por la empresa de infraestructura energética Energy Transfer (ET). La compañía acusa a Greenpeace de incitar las protestas que la tribu sioux de Standing Rock llevó a cabo en 2016 contra el oleoducto Dakota Access, un proyecto que ha sido ampliamente criticado por sus impactos ambientales y sociales.
Según ET, Greenpeace llevó a cabo una “campaña de desinformación” que afectó financieramente a la empresa y alentó acciones ilegales contra la construcción del oleoducto. En respuesta, la organización ecologista niega rotundamente estas acusaciones y sostiene que solo apoyó una protesta legítima liderada por comunidades indígenas que luchaban por la protección de sus tierras y recursos naturales.
La asesora jurídica de Greenpeace en España, Inés Díez, advirtió que esta demanda representa una amenaza significativa para la organización, al punto de que podría verse obligada a cerrar sus operaciones en Estados Unidos si pierde el juicio. Además, Greenpeace considera que este tipo de demandas buscan intimidar y debilitar a los movimientos sociales que defienden el medio ambiente y los derechos humanos.
El caso ha encendido alarmas entre defensores de la libertad de expresión y el activismo ambiental, pues se teme que pueda sentar un precedente peligroso en el uso del sistema legal para reprimir a organizaciones y ciudadanos que critican a grandes corporaciones.
El conflicto en torno al oleoducto Dakota Access ha sido uno de los más mediáticos de la última década, con la tribu sioux y grupos ambientalistas denunciando los riesgos de contaminación del agua y la afectación a territorios sagrados indígenas. Aunque en 2021 la administración de Joe Biden ordenó una revisión ambiental del proyecto, el oleoducto sigue operando y sigue siendo objeto de controversia.
