Juan Miguel Alcántara Soria
Las amenazas desde el exterior como del interior del país son graves y en varios terrenos. Tienen nombre y apellidos. Trump advierte desprecio por el Tratado con México y Canadá, de libre comercio, que deber ser revisado este año. Para la economía mexicana es vital, pues más del 80 % de las exportaciones son a Estados Unidos. Millones de empleos en el campo y las ciudades dependen de ello. El déspota escala exigencias de permitir el ingreso de tropas norteamericanas a México, para combatir a narcotraficantes. También le entreguen narcopolíticos de alto nivel, gobernadores, militares. El resto del mundo en ascuas, por sus demandas de más territorio, recursos naturales, supuesta seguridad hemisférica. La evolución sin frenos de la Doctrina Monroe: “América para los americanos”, la rebautizó “Donroe”. Desmantela el orden mundial de la postguerra e impone la ley de la selva.
Del interior, la mayor amenaza actual al país son Pablo Gómez y Claudia Sheinmbaun, exmilitantes del Partido Comunista Mexicano; no han renegado de su ideología marxistaleninista. Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral declaró el lunes de la semana pasada que: “los órganos administrativos como el INE no deben entenderse como entidades autónomas en el sentido estricto, porque la autonomía real solo pertenece a quien “se da su propia ley”. Y reiteró lo que ya había advertido, que la reforma electoral no será producto del consenso entre fuerzas políticas; que la 4t ejercerá su mayoría por sí y ante sí.
Por supuesto Gómez conoce lo que la Constitución Política del país establece para los “órganos constitucionales autónomos”, como la UNAM, Banco de México o el INE (Obrador desapareció varios). Autonomía que también fue reconocida y explicada por la Suprema Corte de Justicia, en su momento. Pero con sus anteojeras ideológicas, no es procesable tal autonomía de órganos constitucionales. Tienen la manía de no respetar el sentido de las palabras, para confundir y polarizar. El INE fue diseñado no solo como independiente de los partidos políticos, sino autónomo de otros poderes, sobre todo del Ejecutivo y el Legislativo. Obrador quería que Gobernación volviese a organizar las elecciones. Por eso es relevante la autonomía del INE, lo que también implica darse sus propias normas, como son el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, el Reglamento de Elecciones, entre otras normas que le corresponden a su Consejo General, dentro del marco constitucional.
Sheinbaum, por su lado, declaró el miércoles, que su reforma plantea que el INE sea una institución independiente, pero con una «autonomía razonable». El INE, la UNAM o Banxico, son o no son autónomos. Lo que la 4t quiere es controlar todos los poderes y órganos públicos. Toca el turno al INE, en ruta a dictadura. Las tesis comunistas los deletrean: el partido en el poder no es un partido de grandes mayorías, “es una minoría confesada y buscada”. Las masas tienen el papel de ser dirigidas por revolucionarios de tiempo completo, profesionales, como Gómez. Exigen obediencia incondicional. Hasta a legisladores del PT y el verde, los de “tacón dorado”, los volverán a doblar. Para un sistema dedicado a la eficacia política, por encima de consideraciones de moral y de derecho.
Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, expuso el mismo miércoles, en Reforma: “El riesgo número uno es la reforma electoral. No solo porque su probabilidad de ocurrencia es muy alta, sino porque su impacto sobre el sistema político y el clima de negocios puede extenderse por décadas…
“¿Qué hacer para encauzar la reforma en una ruta progresiva y no regresiva? Primero, definir con claridad el objetivo, antes de discutir los instrumentos… debe estar a favor de la ciudadanía, no de las finanzas del gobierno. Debe expandir la libertad del voto. ¿Cómo protegemos el voto libre de personas que viven en regiones controladas por el crimen organizado? ¿Cómo protegemos a candidatos amenazados o asesinados? La penetración del crimen organizado (entre 35 y 40% del territorio) es el mayor desafío para la supervivencia del Estado democrático de Derecho. Hay retos ciudadanos.
