Irapuato, Gto., 02 de agosto del 2025. –
El hallazgo de restos humanos en una finca de la comunidad La Calera, al sur de Irapuato, ha encendido una nueva alarma sobre la magnitud de la violencia en Guanajuato. Hasta este viernes, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que continúa la búsqueda de cuerpos en lo que podría convertirse en una de las mayores fosas clandestinas localizadas en la región.
Aunque de forma oficial no se ha precisado la cifra de víctimas, fuentes cercanas a las diligencias estiman que el número podría superar los 20 cuerpos. Los trabajos forenses, apoyados por la Guardia Nacional y elementos estatales, se han prolongado durante varios días desde que se confirmó el hallazgo el martes 30 de julio.
El operativo arrancó tras una denuncia anónima que alertaba sobre restos humanos en un terreno a las afueras de la comunidad. Peritos especializados llegaron con maquinaria pesada y carpas, lo que llamó la atención de los habitantes de la zona, quienes señalaron que los movimientos comenzaron desde muy temprano y se mantuvieron con hermetismo.
En una tarjeta informativa, la Fiscalía de Guanajuato indicó que en el lugar fueron localizados “restos humanos calcinados y en distintos grados de descomposición”, sin detallar cuántas personas estarían entre las víctimas. A la par, familiares de personas desaparecidas han exigido claridad y acompañamiento en las labores de identificación.
La comunidad de La Calera se ubica en una zona agrícola del sur de Irapuato, marcada en los últimos años por hechos de violencia y desapariciones. Vecinos relataron que en meses anteriores se escucharon detonaciones y avistaron movimientos sospechosos en las inmediaciones del predio, pero temieron denunciar.
Este caso se suma a una serie de hallazgos recientes en Guanajuato, entidad que encabeza las cifras de homicidios dolosos a nivel nacional. En 2022, una fosa clandestina con al menos 53 cuerpos fue descubierta en Salvatierra; en 2023, otro hallazgo similar ocurrió en Juventino Rosas. Colectivos de búsqueda advierten que el estado se ha convertido en un territorio minado de ausencias.
Organizaciones de familiares han solicitado que las autoridades garanticen la cadena de custodia de los restos y aceleren los procesos forenses para que los cuerpos puedan ser identificados. También exigen la intervención del Gobierno federal ante lo que consideran un colapso en la capacidad local para atender la crisis de desaparecidos.
