Ciudad de México, 22 de julio de 2025. –
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos calcula que en México se lavan aproximadamente 44 mil millones de dólares al año, una cifra que revela la magnitud del blanqueo de recursos ligados al crimen organizado.
Este dato se deriva de un estudio del gobierno estadounidense, que pone a México en la mira por ser un importante canal financiero para recursos ilícitos, sobre todo del narcotráfico, secuestro, extorsión y trata de personas. Según el informe, los cárteles utilizan estructuras complejas, que incluyen flujos en efectivo, empresas fantasma, criptomonedas, comercio internacional y redes de intermediarios financieros.
La información generó preocupación en Washington, donde se han intensificado las presiones sobre México para reforzar sus controles antilavado. Las autoridades estadounidenses están implementando sanciones bajo la nueva Ley de Control del Fentanilo, dirigida a combatir transferencias sospechosas vinculadas a precursores químicos del narcotráfico. 
En paralelo, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a instituciones financieras mexicanas —como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— acusándolas de facilitar operaciones vinculadas a cárteles del narcotráfico y la adquisición de precursores químicos. Aunque estas entidades han negado las acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México ya sancionó irregularidades administrativas, mientras la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) exigen evidencia concreta antes de actuar legalmente.
Expertos consultados indican que la cifra de 44 mil millones de dólares supera con creces los montos detectados oficialmente por México, estimados en miles de millones de pesos por la UIF. Además, advierten que cuanto más se endurecen los controles en el sistema bancario formal, más se trasladan las operaciones al efectivo y a canales no bancarios, lo que dificulta la supervisión.
En respuesta, México afirma contar con un sistema financiero sólido y bien regulado, y subraya su disposición para cooperar con Estados Unidos. No obstante, autoridades nacionales reconocen que el combate al lavado de dinero ha sido limitado y enfrentan el reto de fortalecer sus mecanismos de inteligencia financiera, coordinación institucional y reformas legales.
