Estados Unidos., 18 de diciembre del 2025. –
El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), una de las organizaciones criminales más activas en México por su implicación en el robo y contrabando de combustible —conocido como huachicol— y por su papel en la violencia que se registra en el estado de Guanajuato. Las medidas también alcanzan a José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, identificado como líder de ese grupo delictivo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que tanto el CSRL como El Marro fueron incorporados a la lista de sancionados, lo que implica el bloqueo de bienes, activos y derechos vinculados con ellos que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas o empresas de ese país, y la prohibición de cualquier transacción económica con ciudadanos o entidades estadounidenses.
El Departamento del Tesoro estadounidense explicó que el Cártel de Santa Rosa de Lima se financia en gran medida mediante el robo de combustibles y petróleo en Guanajuato, actividad que ha alimentado un mercado negro transfronterizo de energía, ha socavado a empresas legítimas de petróleo y gas natural, y ha privado al gobierno mexicano de ingresos fiscales esenciales.
Además, las sanciones se dan en un contexto de conflicto entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de estas actividades delictivas en la región, situación que ha contribuido a que Guanajuato sea considerado uno de los estados más violentos del país.
A pesar de haber sido detenido en 2020 y condenado a 60 años de prisión por secuestro, El Marro sigue enfrentando acusaciones por otros delitos como crimen organizado, lavado de dinero e intento de homicidio, y según las autoridades estadounidenses, mantiene cierto grado de control o influencia sobre las operaciones del cártel desde prisión, comunicándose con sus colaboradores a través de intermediarios como abogados y familiares.
Las sanciones de Estados Unidos buscan debilitar las estructuras financieras del CSRL y de su líder, dificultar su acceso al sistema económico internacional y limitar la capacidad de operación de la organización criminal en actividades ilícitas que trascienden fronteras.
En México, la acción estadounidense se da en un marco de cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que ya había bloqueado cuentas vinculadas a El Marro como parte de esfuerzos para combatir el huachicol y otras actividades delictivas del cártel.
