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martes, mayo 21, 2024
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De la“pobreza franciscana” y los decretos

Por Nicolás Martínez Cerda.

Al jurista Ricardo Franco Guzmán, asesor en la CNDH en la época del doctor Jorge Carpizo.

Comenzó con la austeridad, realizando los proyectos más grandes hasta la fecha, y ahora sale con la “pobreza franciscana”. Olvidando que Filangeri decía “que el Estado no puede pedir a los dioses el heroísmo, ni al mérito de la fe”, bien dicho, pues el Estado tiene sus límites al orden de la necesidad; de la razón y del decoro. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ahora, con la “pobreza franciscana” pretende crear un miedo colectivo de qué México es un pueblo pobre, y ello con todos sus peligros, haciendo creer que el pueblo está al borde de la miseria; mientras, en defensa de su mega obra del tren maya la declara bien nacional sin ninguna facultad que lo autorice; pues corresponde dicha declaración al Congreso, en base a determinados requisitos, por lo que es impugnable a través del juicio amparo, con la concesión de la suspensión provisional.

Por eso Chateabriand, hablo del “silencio de la abyección». Quevedo, también en relación con el silencio dijo: “(…) pues dicen que por callar a nadie se hizo proceso”.

El pueblo mexicano, no acepta la pobreza franciscana, frente a los grandes proyectos de la llamada cuarta transformación; si bien en la época del gran presidente Juárez hubo austeridad, fue justificada y la Suprema Corte exigió que se colocará en primer lugar; pero en los actuales tiempos hay presupuesto fijado por el Congreso; por lo que el pueblo de México no acepta su pobreza franciscana o que más bien, es un abuso del poder, que suplanta los mandatos de la ley suprema y las determinaciones del Congreso conforme las leyes respectivas.

En consecuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador yerra, obligándonos al “mérito de la fe”, pensando que a los gobernados nos falta la hombría y entereza necesaria para señalar y enfrentarnos a sus caprichos personales obligándonos al heroísmo franciscano.

Esa es una demagogia pura, que llega a lo paranoico y continúa el montón de terribles errores, como el decretar (con argucias) que la Guardia Nacional se incorpora a la Sedena: su ya integración de la Guardia Nacional de militares y marinos es un absurdo, militarizar contraviene el espíritu de la Carta Magna y a toda nuestra historia desde el general José María Morelos y Pavón. Se le ha olvidado (o lo ignora) el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que dijo José María Iglesias: “Sobre la Constitución nada, nadie sobre la Constitución”. Violación tras violación a la Carta Magna no hace un buen gobierno, más bien hace un porquerizo como diría Sancho Panza.

El citado decreto es monstruosamente inconstitucional, por violar los artículos 121 y 129 de la Carta Magna, aplicando la llamada “Ley Encaje” que es la resolución que al Presidente toma por lo que a él se le ha encajado en la cabeza, corroborada por sus brillantes asesores, verdaderos fulleros. Líbrenos DIOS con presidentes y asesores con decreto de encaje que demuestra la mala fe y falacia de sus marrullerías. La Ley Suprema no puede tirarse por la borda con decretos administrativos viciados de exceso de poder; que “que en Huetamo Pungarabato tendría validez este argumento” que camina por los carriles inconstitucionales y por el sendero del desprestigio de la cuarta transformación, pues los que lo justifican es que “saben lamer a sus tiempos” olvidándose de Morelos y Guerrero, “la Patria es primero.”

Ahora bien, si sus funcionarios se han sometido a los caprichos de su Presidente, los gobernados y los ciudadanos no podemos someternos a sus mandatos, pues nuestra historia es de lucha tras luchas, y nuestros padres formaron una República Democrática, integrando una sociedad de hombres libres y responsables, no una sociedad de rebaño de parias. No hace mucho tiempo recordé que Maquiavelo atribuye a Cosme de Medici el dicho de qué “Los estados no se gobiernan con Padres nuestros” lo que contradice el Presidente guiándose por conceptos religiosos; olvidando que el laicismo fue retirado por el presidente Juárez con la Leyes de Reforma y confirmándose por nuestras leyes Supremas de 1857 y 1917.

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